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Seis delitos llevan a prisión a jóvenes menores de edad

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El hurto, el tráfico de estupefacientes, el porte ilegal de armas, las lesiones personales, los homicidios y los delitos sexuales hacen parte del balance que hasta el momento arroja la implementación de la ley de Infancia y Adolescencia, que ya completa 30 meses en Colombia.

Este mecanismo judicial, creado hace dos años y medio para castigar los delitos cometidos por menores de entre 14 y 17 años de edad, ya se está aplicando en el 78 por ciento del país.
El proceso que arrancó el 15 de marzo de 2007 en Bogotá y Cali ha pasado por capitales como Medellín, Buga, Pereira, Armenia y Manizales (1 de abril de 2008), para después pasar (el 1 de octubre de 2008) a Popayán, Tunja y Santa Rosa de Viterbo, y en seguida a Bucaramanga, San Gil, Cúcuta y Pamplona (15 de diciembre), completando así 14 Distritos Judiciales.
Las cifras de procesos atendidos hasta el momento dan cuenta de cerca de 19.000 solicitudes de Control de Garantías atendidas por los jueces y se han realizado 8.202 audiencias de conocimiento.

LAS ESTADÍSTICAS
Los delitos por los cuales los menores están siendo llevados a los estrados judiciales son el hurto (42,08 por ciento), tráfico de estupefacientes (23,02 por ciento), el porte ilegal de armas (8,21 por ciento), lesiones personales (6,02 por ciento), homicidio (5,25 por ciento), delitos sexuales (2,41 por ciento) y otros delitos que suman el 13,01 por ciento.
Estos resultados permiten que el procedimiento se adelante a partir de esta semana en 11 Distritos Judiciales más, permitiendo con ello una cobertura del 78 por ciento en todo el país. Dichos distritos judiciales serán: Antioquía, Cundinamarca, Ibagué, Neiva, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Sincelejo, Montería, Riohacha y Valledupar.
Para esta fase el Consejo Superior de la Judicatura destinó 10.300 millones de pesos cuyo fin es el fortalecimiento del aparato judicial, labor que se quiere concretar con la creación de 60 juzgados con 215 cargos y el apoyo de 41 cargos en Salas Penales de Tribunal Superior y en los Centros de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales para Adolescentes.
“Este es un proceso que se fortalecerá a partir de la práctica y la coordinación interinstitucional entre las entidades intervinientes en el sistema, las cuales han aportado su concurso para hacer de la Ley de Infancia y Adolescencia una realidad en nuestro país”, señaló el Consejo de la Judicatura.

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