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Seis delitos que se imputarán a capturados por escándalo de la Dian

Abogados, contadores y exfuncionarios de la Dian hacían parte de  la organización criminal que fue desmantelada por las autoridades y que está acusada de un millonaria defraudación de la entidad, conforme lo reveló una investigación que se inició a principio de 2011.

Según lo manifestado por el vicefiscal, Juan Carlos Forero, la investigación tiene sus raíces en un informe que la misma Dian entregó a la Fiscalía, entidad que designó a la Unidad de Lavado de Activos para adelantará las pesquisas correspondientes.

El fraude consistía en crear empresas ficticias que supuestamente proveían productos al exterior. Al reportar esas exportaciones, y según el ordenamiento jurídico colombiano, los empresarios tienen derecho a un alivio tributario consistente en la devolución del impuesto al valor agregado, IVA, que generaba dicha operación comercial.

Como no había ni empresas ni exportaciones, los doce detenidos, entre los que se encuentra un funcionario activo de la entidad, tendrán que responder por los delitos de exportación ficticia que, de acuerdo a las normas del país, sanciona a la persona que simule el envío de bienes al extranjero. 

Como nunca hubo tales operaciones comerciales, los papeles que soportaban esos envíos no tenían validez por lo que también serán procesados por falsedad en documento público y privado. Desde la Fiscalía se explicó que por tratarse de una estructura delincuencial también les imputarán cohecho que buscó defraudar al estado, por lo que también tendrán que responder por peculado. 

Finalmente, conforme lo precisó la Fiscalía el último hecho por el que serán procesados será por lavado de activos. Precisó el vicefiscal Forero que esa conducta delictiva no se da únicamente en temas de bienes del narcotráfico. “Lo que buscaban estas personas, una vez realizadas todas esas operaciones, era introducir al circuito económico legal ese dinero y darle una apariencia de legal”, explicó el funcionario.

De allí que también se haya anunciado que se iniciará el proceso de extinción de dominio a los bienes que estaban en posesión de los capturados y que fueron encontrados en los 25 allanamientos que la Policía Judicial adelantaron en Bogotá y Pereira.

Una de las situaciones que llamó la atención por cuenta de las autoridades era el lujo con el que vivían la mayoría de los detenidos. Apartamentos en sectores exclusivos de Bogotá y los vehículos en los que se movilizaban hacían parte de las extravagancias y la ostentación que mostraban los implicados en este escándalo.

Según el vicefiscal, la organización era comandada por Blanca Jazmín Becerra Segura una exfuncionaria de nivel medio de la entidad, que al parecer conocía las falencias del proceso y de quien se presume tenía aún contacto con las personas que aún laboraban en la entidad. 

Se espera que en la noche de este jueves se inicie la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento a los implicados en el caso.

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