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Siguen explicaciones por caso Mapiripán

Luego de que continuara la audiencia en la que los exintegrantes del bloque ‘Héroes de los Llanos’ de las Autodefensas respondieran por el delito de desplazamiento forzado ante una magistrada de Justicia y Paz, el colectivo de abogados de José Alvear Restrepo entregó nuevas declaraciones sobre las presuntas falsas víctimas de la masacre de Mapiripan que se hicieron a millonarias indemnizaciones por cuenta del Estado.

Eduardo Carreño Wilches, del citado colectivo, aclaró que el colectivo representa once víctimas de cinco núcleos familiares. En ese grupo está  Mariela Contreras, que denunció la desaparición de su esposo y de sus dos hijos. “Esa denuncia la hizo ante la Fiscalía en 2002 junto con varios de sus familiares. Luego ella conoció al colectivo y posteriormente estuvimos con ella en Costa Rica a la audiencia”, precisó Carreño.

El nombre de Mariela fue conocido durante la audiencia del pasado martes luego de que se dijera que había sido una de las beneficiarias de la indemnización. En su momento, la mujer había dicho que los paramilitares se habían llevado a su esposo y a sus dos hijos.

“Nosotros le creemos a ella cuando denuncia la situación formalmente ante las autoridades en 2002 y a partir de allí la acompañamos”, explicó el jurista y añadió que no tenían conocimiento de que uno de sus hijos había aparecido en 2008.

En ese orden de ideas, Carreño dijo que si ella dio versiones diferentes entonces tendrá que responder ante la Fiscalía y aclarar la situación, por tanto “no es responsabilidad del colectivo”.

El vocero del colectivo agregó que Mariela Contreras recibió una suma cercana a los 1.200 millones de pesos, de los cuales el grupo de abogados obtuvo unos 480 millones de pesos. Reconoció, además, que “ante lo que se planteó esta semana, el colectivo considera que esta señora no tendría derecho a recibir aportes por este concepto porque engañó a la administración de justicia y se benefició en forma indebida”.

De allí que se haya anunciado que el colectivo devolverá al Estado lo que recibió por ese concepto. “Si se demuestra una defraudación por parte de la señora Mariel, pues el colectivo no puede recibir ningún beneficio en ese sentido debe devolver los recursos”, concluyó Carreño.



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