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Sin Comisionado de Paz no habrá reparación: Exparamilitares

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Durante la versión libre rendida por algunos exparamilitares para tratar de esclarecer la acción de las autodefensas en los llanos orientales, la defensa de los desmovilizados se quejó por la ausencia de un Alto Comisionado para la Paz que les permita acogerse a los beneficios de esta ley 975 de 2005.

También hicieron insinuaciones sobre la relación entre el empresario Víctor Carranza y los grupos de autodefensa.

Según la abogada Consuelo Parra, defensora de los desmovilizados, Diego Fernando Murillo Bejarano alias ‘don Berna’ y Jorge Humberto Victoria alias ‘Capitán Victoria’ o ‘Raúl’, "el proceso de reparación y reconciliación está estancado por la falta de una persona que sea el interlocutor entre los desmovilizados y el Gobierno".

Parra agregó que "este estancamiento también ocurre con las personas que actualmente hacen parte de las bandas criminales, dado que el Gobierno les ha cerrado la posibilidad de participar en la desmovilización y pretende someterlos exclusivamente a la justicia". En este sentido, la abogada exige un marco legal para la desmovilización de bandas criminales que permita su sometimiento a la justicia.

La jurista hace alusión a la entrega del grupo armado ilegal Erpac en el Meta, la cual según “fracasó porque fue un sometimiento ante una Fiscalía que no tenía ningún proceso en contra de los integrantes de la banda, por lo que tuvo que dejarlos en libertad. Es el colmo que una banda criminal que tenía armamento, dinero y tierras para reparar a sus víctimas, ahora esté dispersa y sin garantías para alejarse del conflicto".

La abogada aseguró que dada la negativa del Gobierno a permitir que desmovilizados reincidentes se beneficien con Justicia y Paz, está cerrando la puerta a un “conocimiento pleno de la verdad del conflicto colombiano”; reconoció que algunos desmovilizados que no hacen parte del proceso, contribuyen con la justicia a través de entrevistas separadas o participando en calidad de entrevistados en las versiones libres de los desmovilizados, “renunciando a su derecho a la no incriminación y contando algunas de las verdades más duras del país”.

Sin embargo, estos desmovilizados argumentan que han tenido que callar muchas cosas porque su familia se ve amenazada. Aunque la abogada contó que el Gobierno ha respondido poniendo a las familias bajo la protección de la Policía, esto no sirve de nada dado que “muchos de los crímenes cometidos por estos desmovilizados fueron de la mano con la Fuerza Pública”.

‘JL’ NO HA PODIDO HABLAR

Durante la versión libre de algunos paramilitares ante la Fiscalía para esclarecer los hechos de la llegada de las AUC al llano y la masacre de Mapiripán, Meta, el desmovilizado Manuel Arturo Salom Rueda, conocido con el alias de ‘JL’, se quejó por no poder contar con los beneficios de la ley. Según él, esto no le ha permitido contar cosas sobre algunas de las relaciones de las AUC en el llano.

Este desmovilizado paramilitar no ha entrado al proceso debido a que, luego de su desmovilización, se integró a la estructura delictiva de Daniel Rendón Herrera alias ‘don Mario’. Tras su captura en 2008 fue condenado por su responsabilidad en la masacre de Pueblo Bello, Antioquia, y por brindar instrucción militar a los paramilitares que perpetraron la masacre de Mapiripán.

Durante la versión libre afirmó que conoce varias cosas sobre el ingreso de las AUC al llano y sus relaciones con el grupo de Héctor Buitrago alias ‘Martín Llanos’, conocido como los ‘buitragueños’, y el presuntamente dirigido por el empresario esmeraldero Víctor Carranza, grupo conocido como ‘los carranceros’.

No obstante, aclaró que sobre ese tema prefería no hablar por el momento, argumentando no querer meterse con Carranza, “porque ese señor tiene mucha plata y mucho poder en el país”.

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