Suspenden audiencia por venta irregular de tierras en Bolívar

Luego que la fiscal 13 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública le imputara cargos a seis personas relacionadas con la irregular venta de un predio, con el cual la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca, indemnizaría a 64 campesinos perjudicados por el paso de una línea de alta tensión, un recurso de hábeas corpus hizo que la diligencia fuera suspendida.
La medida fue interpuesta ante el Tribunal de Bogotá a favor de Julián Alberto Mendoza y tendría que ver con algún tipo de arbitrariedad o irregularidad en la captura del hoy imputado.
La juez del caso señaló requerir tiempo para responder a la petición por lo que este martes será reanudada la diligencia.
Entre los implicados se encuentran el notario décimo de Barranquilla para la fecha de los hechos (2009), Álvaro Ariza; la registradora de Instrumento Públicos de Cartagena, Emilia Fadul; el juez primero promiscuo de Mompox, Orlando Puello; el particular, Luis Alberto Ballestas; el abogado Argemiro Lafont Díaz y el exgerente de Corelca, Julio Alberto Mendoza.
Según la Fiscalía, los procesados se apoderaron de un predio de 52 hectáreas, ubicado en la zona del Mamonal localizada a 53 kilómetros e la capital de Bolívar, y con el cual la empresa electrificadora Corelca pretendía cancelar a las víctimas de 13 procesos legales en su contra, por el paso de las líneas de alta tensión, la cual causó enfermedades a los afectados y en sus animales.
“Tenían el interés mancomunado de beneficiarse con ese bien y perjudicar a Corelca, la cual fue despojada y por ende no se le permitió cumplir con sus obligaciones con 13 condenas que habían en su contra”, señaló la fiscal del caso.
Entre la propiedad objeto de la investigación se encuentra una isla de 12 hectáreas, que hace parte de una reserva forestal y la cual también fue loteada y vendida de acuerdo a lo dicho por las autoridades. Emilia Fadul a quien le fue imputado los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y prevaricato por acción, habría cancelado la anotación del registro de embargo que la Dian le tenía a la propiedad por causa de los procesos de los cuales era objeto Corelca, pese a que carecería de autoridad para hacerlo.
“Su actuar como profesional del derecho la obligaba a oponerse a la orden del juez de Mompox. Debió denunciarlo por ordenarle una acción que solo le competía a la Dian”, señaló la Fiscalía.
Según la investigación, Mendoza, el exgerente Corelca, quien se desempeñaba como representante legal de la electrificadota, no objetó el avalúo del inmueble presentado por los apoderados de los demandantes (campesinos) por un aproximado de 16 mil millones de pesos cuando realmente este costaría mucho más.
Ariza, el notario acusado de concierto para delinquir y falsedad material en documento público le dio, según las autoridades, validez a un acta realizada supuestamente por el comité de Corelca que realizaba conciliación con los 63 campesinos afectados, sin verificar que ésta no contaba con las firmas de la junta directiva de la empresa.
Según la Fiscalía, permitió que terceros se apropiaran del bien. El ente acusador señaló que Puello, juez Promiscuo de Mompox, ordenó a Fadul que levantara la orden de embargo por parte de la Dian sobre el predio y así se pudiera vender de manera fraudulenta.
Lafont, acusado de las conductas de concierto para delinquir, prevaricato por acción, peculado por apropiación y falsedad en documento público, es el abogado de los campesinos demandantes y quien al parecer se asoció con Ballestas para quedarse con el terreno.
A este último le imputaron los mismos delitos. Los dos hombres serían a los que finalmente les fue escriturado el predio, luego lo dividieron en tres lotes, lo hipotecaron por 500 millones de pesos y finalmente lo vendieron por siete mil millones de pesos.
Este martes se espera que se continúe con la audiencia de control de garantías y se determine si los hoy imputados son cobijados con medida de aseguramiento.