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Tratan de evitar medida de aseguramiento a implicados en caso Corelca

Ante la juez quinta de Garantías de Bogotá, los abogados de las seis personas acusadas de la venta irregular de tierras de propiedad de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca, buscaban dejar sin piso los argumentos de la Fiscalía y así evitar la medida de aseguramiento a sus prohijados.

Majer Abushihab, defensor del abogado Argemiro Lafont Díaz, señaló que las personas a las cuales se ha querido mostrar como víctimas (campesinos) “no son tan víctimas” como la Fiscalía los ha querido hacer ver.

“Señala que esas pobres personas fueron abusadas por el señor Lafont. Dentro de esos pobres campesinos  hay miembros de familias prestantes. Que no son sacados del monte con espejo”, aseguró el abogado.

El jurista indicó que aunque es consciente que entre los damnificados hay algunos campesinos, pero que entre ellos también hay un médico, abogados, docentes, el hijo de un exdiputado, el hijo de un excongresista y un comerciante.

Es de recordar que la diligencia de control de garantías del notario décimo de Barranquilla para la fecha de los hechos (2009), Álvaro Ariza; la registradora de Instrumento Públicos de Cartagena, Emilia Fadul; el juez primero promiscuo de Mompox, Orlando Puello; el particular, Luis Alberto Ballestas; el abogado Argemiro Lafont Díaz y el exgerente de Corelca, Julio Alberto Mendoza, inició el sábado anterior y se ha postergado por seis días.

Aunque se esperaba que este jueves se conociera si la juez privaba o no a los imputados de su libertad, seguramente la diligencia se prolongará por lo menos en un día más teniendo en cuenta lo extenso de las intervenciones de los juristas que defienden a los procesados.

Las conductas punibles imputadas a los investigados fueron concierto para delinquir, falsedad en documento público, prevaricato por acción y peculado por apropiación, luego de que al parecer participaran en la venta irregular del terreno de  51 hectáreas.

  • El predio ‘El Mamonal’, ubicado en el kilómetro 56 de Cartagena, fue utilizado por Corelca para entregar en dación del pago y poder superar un embargo al que había sometido por no indemnizar a los 63 campesinos afectado por la instalación de una línea de alta tensión.

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