El director general de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) Antoine Bernard, señaló en una audiencia realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es positiva la apertura de una investigación a algunos funcionarios del DAS, pero dijo que las actividades de ese organismo son “delictivas y de manera sistemática e intencional contra sectores importantes de la sociedad civil”.
La audiencia de la Comisión se registró después de que la Fiscalía General informara este mes que envió copias a una comisión legislativa para que establezca si el ex presidente Alvaro Uribe tuvo alguna participación en una presunta red de espionaje.
El abogado de Uribe (2002-2010) en Colombia, Jaime Granados, afirmó que la denuncia es “un acto más político que jurídico porque (la Comisión) sólo juzga a los estados y no a las personas”. Señaló que la Comisión “no tiene competencia para procesar” a Uribe.
Tanto Uribe como sus otros subalternos han negado cualquier participación en los aparentes hechos de espionaje y han dicho que si éstos sucedieron fueron perpetrados por un grupo de funcionarios corruptos del DAS.
El presidente Juan Manuel Santos, sin hacer alusión directa al caso, dijo que “en Colombia a nadie se le podrá hacer seguimiento por motivo de su filiación política o su participación en organizaciones no gubernamentales”.
Agregó que se limpiarán las bases de datos que hay en los organismos de inteligencia para excluir a cualquier ciudadano que esté allí por la simple razón de su pertenencia a un sindicato, a una organización de derechos humanos o a un partido político”.
Más denuncias ante el CIDH
Activistas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 17 ejecuciones extrajudiciales durante 2010 en Colombia, a pesar de la promesa del gobierno de Juan Manuel Santos de cero tolerancia con esos crímenes. “La política de cero tolerancia comenzó cuando Juan Manuel Santos era ministro de Defensa (bajo la presidencia de Alvaro Uribe). Ahora que lo vemos como presidente, esa política (...) aún no se ha cumplido estrictamente”, afirmó Liliana Uribe, de la Corporación Jurídica Libertad. “Las ejecuciones en la modalidad de 'falsos positivos', en donde la fuerza pública mataba y los mostraba como guerrilleros o paramilitares, efectivamente ha disminuido (...) pero todavía siguen pasando casos y estamos encontrando muchos más casos de abusos de la policía”, dijo Uribe.
Durante la audiencia, el director de derechos humanos de la cancillería colombiana, Francisco Echeverri, defendió al gobierno de Santos, que, afirmó, mantiene “un compromiso con la defensa de los derechos humanos”.
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