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Uribe pidió garantías para colombianos en Venezuela

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El presidente Álvaro Uribe Vélez reclamó ayer al Gobierno de Venezuela garantías para los ocho colombianos detenidos recientemente en ese país acusados de espionaje. Durante la inauguración de los recorridos pedagógicos del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Barranquilla, (Transmetro), el mandatario subió el tono al reclamar acciones de organismos multilaterales como OEA y ONU.

Uribe se refirió a dos de ellos en particular. Dijo que uno se desempeñó como médico hasta el año 2002 en el departamento de sanidad de un batallón del Ejército y posteriormente adquirió la ciudadanía canadiense. Una mujer, farmaceuta de oficio, trabajó como civil en un dispensario del Ejército hasta el año 2004. Ambos viven en Venezuela y trabajan en una fábrica, al igual que los otros seis.
Según los organismos de inteligencia venezolanos, los detenidos llevaban una cámara fotográfica como imágenes de torres de energía y equi-pos de comunicación satelital.

ASESINATOS SIN ACLARAR
El Jefe de Estado también se refirió a los asesinatos aún sin aclarar de varios colombianos que fueron masacrados en el estado Táchira meses atrás, diciendo que lo que se conoce hasta hoy es “una acusación no probada de que pertenecían a grupos paramilitares”, pero sin saber “si fueron dados de baja en una operación legítima o si fueron asesinados en una práctica violatoria de los derechos humanos”.
“Con ciudadanos asesinados, con ciudadanos injustamente detenidos, sin garantía de respeto de los derechos humanos para nuestros compa-triotas, con la presunción de que son criminales por ser colombianos, frente a eso el Gobierno no puede guardar silencio. Acudiremos a los cana-les diplomáticos. Nuestra Cancillería directamente acudirá a las instituciones de Venezuela y la OEA y a las Naciones Unidas”, dijo el presidente ante unas 100 personas entre transportadores y autoridades locales de Barranquilla en la Plaza de la Paz de esa ciudad.

DERECHOS HUMANOS
Uribe exigió garantías plenas en derechos humanos para el grupo de colombianos retenidos, al igual que un agente del DAS privado de la li-bertad en Venezuela y acusado “infundadamente” de espionaje.
“Alguien me decía: ‘Presidente, no diga esas cosas, que le van a contestar de Venezuela con rayos y centellas; Presidente, quédese callado, que no quieren reconstruir las relaciones mientras usted sea Presidente; Presidente, póngase formalito’. Las relaciones internacionales no son re-laciones para cruzarse sonrisas y abrazos hipócritas en los fríos salones de la diplomacia; las relaciones internacionales son para garantizar los de-rechos humanos, la dignidad de todos los pueblos”.
Incluso fue más allá y se refirió al resultado de las próximas elecciones presidenciales y su efecto en las relaciones con Venezuela. “Ese cuen-tico de que elijamos un Gobierno débil a ver si se componen las relaciones con el Gobierno de Venezuela sería una tremenda estafa a la dignidad de Colombia, y estoy seguro que mi Patria no lo va a permitir”.

SON 20 LOS COLOMBIANOS DETENIDOS
El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, informó que, además de los ocho colombianos detenidos en el Estado de Barinas, hay otros doce que fueron capturados el mes pasado en el Estado de Miranda y quienes están acusados por presunto porte ilegal de armas.
Según versiones de la Defensoría del Pueblo, el viernes 19 de marzo, cuatro días antes de la retención de los otros colombianos en el Estado de Barinas, la misma suerte la sufrieron doce trabajadores de una finca ubicada en esa región del vecino país, llamada “La Ponderosa”. Dentro de ese grupo había obreros que adelantaban una construcción y parientes del propietario de la finca, el ciudadano colombiano Fabio Vallejo. Todos fueron detenidos por las autoridades venezolanas acusados de integrar un grupo “paramilitar”.
De acuerdo con familiares de los detenidos, las autoridades venezolanas "justificaron su detención porque ellos (los detenidos) tenían cinco ‘escopetas viejas’ en la finca".
Los colombianos se encuentran detenidos en el centro reclusorio Rodeo Uno, ubicado en Caracas.

UN MENOR DE EDAD
Un menor de siete años, Yohan Esneider Camelo Mancera, hijo de una de las detenidas y quien es reclamado por su familia en Villavicencio, fue puesto al cuidado de una docente de la lo-calidad.
"Las afirmaciones del Ministro del Interior y de Justicia venezolano, Tarecj El Aissami, cuando, refiriéndose a un grupo de colombianos detenidos, afirmó que su nacionalidad es un elemento preocupante, pone en grave riesgo a todos los colombianos en territorio Venezolano", señaló el Defensor.
Por eso, Pérez Ortiz solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que pidió verificar que se adopten medidas que garanticen la protección de los colom-bianos que habiten o se movilicen por el territorio venezolano.
Además, solicitó a la Cancillería colombiana que adelante las acciones necesarias para intervenir en representación de los colombianos detenidos y exhortó a que tramite inmediatamente el regreso al país del menor de siete años que también está siendo retenido.

CON TRANSMETRO
El transporte público de Barranquilla comenzó a cambiar desde ayer cuando el presidente Álvaro Uribe y el alcalde de la ciudad Alejandro Char inauguraron los recorridos pedagógicos del Sistema Integrado de Transporte Masivo, que en la capital del Atlántico se llama Transmetro.
Los 8 buses que llegaron a la ciudad el pasado lunes procedentes de Pereira comenzarán a rodar por la troncal de Murillo y la carrera 46 para que la ciudadanía los conozca y aprenda el manejo de las estaciones y el abordaje a los Articulados, Padrones y Busetones.
El Jefe de Estado subió a uno de los buses en la estación Retorno, aledaña al estadio Romelio Martínez, con rumbo a la Plaza de la Paz.
Transmetro es una sociedad anónima de la Nación y el Distrito de Barranquilla, que son propietarios de patios, portales y estaciones. Los dueños de los vehículos son las dos concesiones que operarán el sistema: Sistur, que es dueña del 60%, y Metrocaribe, que tiene el 40%. Dentro de 15 años, el contrato contempla que todo el sistema vuelva a manos del Estado.

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