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Vicepresidente denuncia amenazas a líderes de desplazados

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El vicepresidente Angelino Garzón denunció amenzas contra líderes de los desplazados que luchan por la restitución de tierras, y aseguró que el gobierno tomará medidas para enfrentar esa situación, al reunirse el ayer con un delegado de la ONU.

"Vamos a enviar una carta al Fiscal General informándole de estos hechos, que son anormales y que no podemos permitir. El Totumo no se puede convertir en un territorio de presencias ilegales y por eso tenemos que actuar como Estado", afirmó.

El Totumo es una zona rural en Antioquia, donde presuntamente se han proferido las amenazas, presuntamente de ex paramilitares y narcotraficantes.

"Nosotros no vamos a callar absolutamente nada, vamos a denunciar y a luchar contra toda esta pretensión de grupos armados ilegales, que lo que quieren es que echemos marcha atrás en el proyecto de Ley de Tierras, pero la decisión del Gobierno ya está tomada", señaló el funcionario.

Garzón hizo esta declaración al término de un encuentro con el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, miembros de la cúpula militar y delegados de la Fiscalía y la Procuraduría para analizar el tema de las amenazas.

Según Garzón, las amenazas han recrudecido en Antioquia con la posible complicidad de "servidores públicos que estarían apoyando a estos grupos ilegales, que quieren evitar que las tierras regresen a sus legítimos dueños".

El gobierno de Juan Manuel Santos presentó para la aprobación del Congreso una ley con la que pretende devolver a los campesinos despojados por lo menos 500.000 hectáreas cada año, hasta 2014 cuando termina su mandato.

El 20 de septiembre fue asesinado en Antioquia Hernando Pérez, dirigente de la Asociación de Restitución de Bienes y Tierras de Urabá, un día después de participar en un acto organizado por el gobierno para la restitución de tierras a 34 familias desplazadas.

Se calcula que más de tres millones de personas han sido desplazadas en Colombia a causa del conflicto interno en el que desde hace décadas han participado guerrillas izquierdistas, grupos paramilitares de ultraderecha, así como organizaciones de narcotraficantes y delincuencia común.

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