Violencia del conflicto armado se ensaña contra las mujeres

Entre las víctimas del conflicto armado en Colombia, las mujeres representan un capítulo especial por cuanto la violencia que se ejerce contra ellas tiene diferentes manifestaciones que pasan por agresión sexual, desplazamiento forzado, lesiones personales, homicidio, tortura, despojo de bienes y reclutamiento forzado.
Un proyecto para la orientación, acompañamiento y representación judicial de las mujeres víctimas de violencia sexual -dentro y fuera del conflicto armado- diseñado y puesto en marcha por la Defensoría del Pueblo con mujeres víctimas ha logrado identificar varias dinámicas de esa modalidad.
De 172 víctimas que están siendo atendidas por la entidad, el acceso carnal violento representó el 94 por ciento de los casos, seguido en menor proporción por el acoso sexual, actos sexuales abusivos, desnudez forzada y esclavitud sexual.
Estos delitos se asocian a otros hechos violentos como desplazamiento forzado (53 por ciento), lesiones personales (23 por ciento), homicidio (9 por ciento), tortura (9 por ciento), despojo de bienes (9 por ciento) y reclutamiento forzado (9 por ciento). En la totalidad de los casos, las mujeres, niñas y adolescentes víctimas han manifestado haber sufrido violencia sicológica durante y después de estos hechos.
Un dato que la Defensoría califica de “preocupante” es que el 17 por ciento de las mujeres eran menores de 18 años cuando fueron víctimas del abuso sexual. En los casos documentados sobre hechos recientes, se encuentran varias niñas y adolescentes (9 por ciento). Además, en el 9 por ciento de los casos, los hechos fueron presenciados por menores de edad, y en el 21 por ciento las mujeres quedaron embarazadas como consecuencia del acceso carnal violento.
Además, las víctimas no han recibido ni recibieron atención en salud (sicológica, sexual y reproductiva). Esto, junto con la crueldad de las violencias sufridas, ha tenido fuertes impactos en las relaciones emocionales de las víctimas y en sus familias, particularmente cuando las víctimas son niñas y adolescentes.
La Defensoría detectó que, en todos los casos, los victimarios pertenecen a alguna estructura armada, lo cual ha generado amenazas e intimidaciones contra el 20 por ciento de las mujeres y el 40 por ciento reconoce que no ha denunciado porque desconfía de la justicia y de la mayor parte de las instituciones.
“Las condiciones de vulnerabilidad que genera la violencia sexual se incrementan con las limitaciones de las mujeres para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus núcleos familiares; la mayoría de estas mujeres no cuenta con una fuente formal y estable de ingresos, lo cual aumenta el riesgo de que el ciclo de violencia se perpetúe”, asegura un documento de la entidad.
Por todo lo anterior, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, llamó la atención de las instituciones del Estado para que garanticen la implementación efectiva de los avances normativos a favor de las mujeres.

DEPARTAMENTOS EN RIESGO
De otro lado, desde el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, en el último año se identificaron riesgos donde las mujeres han estado expuestas a situaciones de violencia sexual en 62 municipios de 15 departamentos: Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés y Meta.
De manera particular, en varios informes de riesgo se han encontrado conductas como el acceso carnal violento, según quedó establecido en el informe de riesgo 007 de 2012 en Bolívar; el hostigamiento a trabajadoras sexuales reportado en el informe de riesgo 014 de 2012 para el Meta; la explotación y esclavitud sexual en la nota de seguimiento 009 de 2012 en Arauca; y amenazas de abuso sexual en la nota de seguimiento 004 de 2012 en Chocó y Antioquia; y actos sexuales violentos en la nota de seguimiento 016 de 2012 en Nariño.
En lo corrido de 2013 el SAT ha logrado identificar riesgo de explotación sexual con fines comerciales de niñas, jóvenes y mujeres en Bogotá y los departamentos de Antioquia, Guaviare y Meta.

LOS DATOS DE MINJUSTICIA
Desde su puesta en marcha, el 17 de agosto de 2012, la Unidad Móvil de Atención y Orientación a Víctimas del conflicto armado, una estrategia del Ministerio de Justicia, ha recibido, orientado y atendido a 1.616 mujeres afectadas por crímenes como desplazamiento forzado, secuestro, ejecuciones extrajudiciales y delitos contra la libertad sexual.
Tras realizar un recorrido por 35 municipios de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Antioquia, Cesar, Magdalena, La Guajira, Cauca, Meta y Tolima, la Unidad Móvil ha acercado la institucionalidad a las víctimas del conflicto que no cuentan con los recursos ni los medios para ingresar al programa de reparación integral contenido en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
La Unidad Móvil ha logrado articular el trabajo de la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales, el Icbf, la Unidad de Atención a Víctimas y las entidades territoriales buscando llevar hasta los lugares más apartados del territorio, una puerta de entrada para las víctimas al sistema de reparación.
Hasta el momento se han atendido dentro del marco de esta estrategia a 4.250 personas, de las cuales una tercera parte son mujeres que han padecido violaciones graves y manifiestas a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte grupos armados ilegales.
La Unidad Móvil es una estrategia del Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Unión Europea, en una primera etapa. Se sumó en una segunda fase la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos de América a través de su operador Chemonics.

LAS MUJERES EN LAS CÁRCELES
El Defensor también llamó la atención sobre la situación de las mujeres privadas de la libertad en las cárceles del país. Allí, además de soportar los mismos padecimientos del resto de la población reclusa como el hacinamiento, también carecen de atención médica especializada de un ginecólogo para los problemas de salud propios de su género o deben ser recluidas en celdas construidas para hombres.
Adicionalmente, en su gran mayoría, son madres cabeza de familia y se ven obligadas en muchos casos a separase de sus hijos menores, bien sea porque en las sala-cunas acondicionadas en los establecimientos no hay cupos suficientes o porque ellas mismas deciden que la cárcel no es un lugar apto para sus hijos. Esas circunstancias representan factores de discriminación y constituyen una pena adicional.
Para la Defensor del Pueblo, en la confección de una nueva política penitenciaria es necesaria la implementación de la perspectiva de género que recoja y resuelva las necesidades de la mujer en el ámbito de la prisión, que más allá de las consecuencias propias de la privación de la libertad erradique viejas prácticas discriminatorias en su contra y evite la imposición de rigores adicionales, que la rescate como ser principal en la conformación de la familia y de la sociedad.
Actualmente, un total de 8.724 mujeres se encuentran privadas de la libertad, lo que representa el 7,6% de la población penitenciaria y carcelaria del país, de las cuales 6.118 están condenadas y 2.606 sindicadas.