Nativos de Barú: "No buscamos ser adinerados, es una cuestión de justicia"

Ocho hermanos, herederos de la señora Amalia Díaz Pérez, una nativa del sector La Puntilla de la isla de Barú que falleció a los 104 años en medio de una disputa legal para recuperar sus tierras, recibieron ayer la noticia de que la Fiscalía Tercera delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena le ordenó al Estado que les restituyeran provisionalmente las más de 80 hectáreas que reclamaban desde el 2009 cuando fueron desalojados. ( Lea aquí: Fiscalía no puede tomar determinaciones sobre Barú: Supernotariado)

Alfonso Pineda Julio, de 75 años, es uno de los herederos y a quien la Fiscalía decidió entregar el terreno, en entrevista con El Universal recordó los angustiantes momentos que vivió cuando tuvo que abandonar el terreno en el que trabajó toda su vida y generó más de 50 empleos directos para nativos de Barú. Según narra Pineda, en el 2009, luego de una disputa de más de 25 años entre la corporación de turismo de la época y los raizales, decidió salir voluntariamente del sector La Puntilla para evitar enfrentamientos con las autoridades que adelantaban la que califica como un "ilegal procedimiento de recuperación de la zona turística".

UN DESALOJO 'VOLUNTARIO'

“Esas tierras siempre fueron muy apetecidas por los grupos inversores del país por su potencial turístico. Nosotros trabajábamos la tierra y la pesca pero un día llegaron y nos dijeron que esas tierras no eran de nosotros; que eran de la Nación y que teníamos que salir de allí porque éramos unos invasores. Después de muchos años de peleas y sangre derramada le dije a mis trabajadores que saliéramos del terreno, que no íbamos a hacernos matar, que sería la ley la que algún día nos daría la razón, y hoy, diez años después, la justicia está comenzando a llegar. Esperamos volver a casa y que nuestros hijos crezcan donde lo hicimos nosotros, sus abuelos y sus bisabuelos”, dijo Pineda. (Lea aquí: Representante legal de los nativos de Barú teme por su seguridad)

A pesar de la decisión de la Fiscalía, Alfonso, sus hermanos y sus hijos aún no retornarán a La Puntilla. El miedo aún los persigue. Saben que se ha dado un paso importante, pero que deben ser cautelosos hasta el día en que un Juez de la República defina el litigio. Por el momento, seguirán dispersos en diferentes puntos de la zona insular de Cartagena, a la espera de que el sueño de su madre, la mujer de 104 años que el Gobierno acusó de invasora, se haga realidad en el momento en que sus descendientes pisen La Puntilla como los legítimos dueños de uno de los sectores más bellos de Colombia. 

"Por el momento vivimos en diferentes poblaciones de Barú y Cartagena. No somos adinerados y tampoco buscamos serlo. Esto es una cuestión de justicia. Una lucha tan larga que mi mamá no alcanzó a ver su final, pero sé que desde el cielo festejará ver cómo su gente regresa a casa. Por eso nunca acepte las cientos de propuestas económicas que me ofrecieron para frenar la demanda, porque esta historia merecía un mejor final para nosotros", declaró Pineda. 

Sobre estos hechos Fonade también se pronunció a través de un comunicado:

COMUNICADO FONADE

Fonade se permite  informar a la opinión pública en relación con la decisión de la Fiscalía Tercera delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena lo siguiente:
 
-Todos los bienes de propiedad de Fonade ubicados en la Isla de Barú,  aportados a la sociedad Playa Blanca Barú S.A.S para el desarrollo de un proyecto turístico, tienen su cadena de tradición con estricto ajuste a la legalidad y Fonade era, en el momento de la transferencia, el legítimo propietario de los inmuebles,  inscrito en pleno dominio en los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes.
 
-Cuando la Nación a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Fonade adelantaron procedimientos para recuperar bienes fiscales del Estado ilegalmente ocupados, lo hicieron con el lleno de todos los requisitos legales y al  amparo de las normas vigentes y con el respeto de todas las garantías del debido proceso de los ocupantes ilegales, así lo dan cuenta más de veinte (20) decisiones judiciales en firme.
 
- Los bienes de propiedad de la Nación, hoy aportados a la sociedad Playa Blanca Baru S.A.S, tenían la naturaleza de bienes fiscales imprescriptibles, por lo tanto, nadie podía detentar derechos como poseedor en los referidos predios.
 
- La decisión de la Fiscalía – Seccional Cartagena, que no ha sido formalmente notificada a esta entidad, es una medida de carácter provisional, a la que la ley concede los recursos en defensa de los afectados. Se trata de un proceso penal en contra de los alcaldes menores de Cartagena que ordenaron las restituciones y que actuaron conforme a la ley. 
 
Las anteriores decisiones de la Fiscalía son respetadas por Fonade, pero no compartidas, razón por la cual accederá a todas las vías legales para defender sus derechos en calidad de tercero interesado, y explicar la legalidad del trámite que en su momento promovió la Nación a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FONADE.
 
-Es importante resaltar que este fallo de la seccional de Cartagena desconoce otras providencias de la misma Fiscalía General De La Nación y otros actos administrativos en firme que han reconocido la propiedad de Fonade sobre los terrenos. 
 
Fonade, con el acompañamiento de la Agencia de Defensa Jurídica Del Estado, adelantaran todas las acciones que estén a su alcance para aclarar, defender y salvaguardar los terrenos frente a los cuales se ha producido la orden de restablecer el derecho a los ocupantes ilegales, de manera que el patrimonio público no se vea afectado.