Por segunda vez a los empleados de Promoambiental Caribe (Pacaribe) les negaron la tutela como mecanismo jurídico para la resolución de la afección del inmueble de la empresa que, según denuncian, fue ocasionada por la construcción del proyecto inmobiliario Montebianco.
De acuerdo con el relato de los trabajadores accionantes, el levantamiento de las torres habitacionales causó grietas profundas en las instalaciones de la empresa de aseo, vulnerando su derecho a la vida y al trabajo digno.
Sin embargo, el Juez Noveno Penal Municipal consideró que la acción judicial no cumplió con el principio de inmediatez, ya que pasó mucho tiempo entre el comienzo del hecho denunciado (2012) y la instauración de la tutela (2014).
El fallo cuestionó la insistencia de acudir a este mecanismo, teniendo en cuenta en que mayo pasado el Juzgado Primero Penal Municipal les negó una tutela por los mismo hechos y el Juez Segundo Penal Municipal ratificó esa decisión.
La sentencia indica que “no se acreditó de manera clara el perjuicio irremediable que haga viable la tutela”, por lo que se denegó y se levantó la medida provisional, establecida por ese mismo despacho el 17 julio pasado, que ordenaba la suspensión provisional de la segunda de etapa de Montebianco.
Asimismo, el juez requirió a Pacaribe a tomar las medidas necesarias y urgentes para la protección de riesgos laborales.
“Lo esperábamos”
Daiyana Serrano, apoderada judicial de la Sociedad González Pizano, a cargo de la construcción de Montebianco, declaró que sabían que esta acción no iba a prosperar: “Esperábamos ese fallo, estamos conscientes de que las herramientas que están usando los empleados de Promoambiental no son las adecuadas y consideramos que hay una responsabilidad patronal de fondo, este fallo es el llamado a que asuman su rol y que eviten un siniestro, independientemente de cómo resulte el asunto en un proceso ordinario”, expresó.
La abogada señaló la omisión gerencial de Pacaribe ante el peligro de colapso de la estructura agrietada, refiriéndose a que el inmueble es arrendado y es posible trasladar a los empleados a un lugar seguro. “La pregunta es por qué no usan todo el empeño que han puesto para desacreditar este proyecto, en solucionar a fondo los problemas de sus trabajadores, hasta cuándo so pena de cumplir un contrato de arrendamiento, arriesgan la vida de muchos trabajadores”, cuestionó.
Sierra comentó que este litigio representa un “desgaste innecesario” para el proyecto además de ensombrecerlo: “En el escenario judicial que ellos consideren, ahí estaremos, porque sabemos hacer las cosas bien, con la responsabilidad que esto amerita y esperamos que los cartageneros sigan apoyándonos en los proyectos constructivos que tenemos. Nuestra apuesta por la ciudad es alta y lo menos que esperamos es una correspondencia en ese esfuerzo que estamos haciendo”, puntualizó.
El Universal se comunicó con Pacaribe para conocer su posición respecto al fallo, pero la empresa aseguró no estar notificada de la decisión judicial, por lo que se pronunciarán en los próximos días.
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