En presencia del director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) en Bolívar, Arturo Zea Solano, dos de las personas que el pasado lunes se plantaron en el Punto de Atención para Víctimas (PAV), en el barrio Chipre, expresaron su voluntad y compromiso de levantar la protesta y no repetir ninguna acción de hecho. Lea aquí (Víctimas del conflicto armado exigen sus derechos)
Este y otros acuerdos, quedaron plasmados en un acta firmada en la tarde del pasado martes. No obstante, Zea aclaró que no es necesario que una víctima del conflicto llegue a estos extremos para recibir atención.
“Son aproximadamente 26 funcionarios que tiene el Estado colombiano en PAV como el de Cartagena, atendiendo las solicitudes de ayudas humanitarias, indemnizaciones, vivienda, salud, educación, generación de ingresos, atención psicosocial, retornos y reparaciones colectivas. Son centros de atención debidamente estructurados para hacer los correspondientes trámites y gestiones de solución individual y colectiva, por consiguiente no es necesario acudir a estas medidas de desespero, que lo que generan son secuelas en la salud de las víctimas”, aseguró Zea.
Destacó que en el 2014, la UARIV atendió a unas 70 mil personas víctimas del conflicto armado en el departamento.
EL ACTA
En el acta se explica que “Abel Piedrahíta, adulto mayor incluido en el Registro Único de Víctimas, realizó una exigencia relacionada con el subsidio de vivienda al cual tiene derecho por su condición de víctima y enfoque diferencial por ser adulto mayor”.
Señala que “a esta situación se sumó Víctor Julio Márquez Zapata, quien manifiesta ser desplazado y haber llegado a esta ciudad hace aproximadamente un mes, y solicita se le valore por parte de un médico especialista su condición de discapacidad, por lo cual ha realizado el requerimiento a la EPS Caprecom sin respuesta oportuna y solo le han dilatado el proceso (...) además expresa no cuenta con ninguna actividad económica que le permita devengar un ingreso que le garantice su subsistencia mínima a él y a su grupo familiar”.
Para dar solución oportuna a estas peticiones, Luz Estela Mejía Pautt, profesional de la Secretaría de Salud Distrital; Arturo Zea Solano, director de la UARIV en Bolívar; y Gloria Álvarez Bloom y Maricela Ríos Ortiz, coordinadoras de los PAV de la Alcaldía Distrital, firmaron unos compromisos en dicho documento.
“Con relación al señor Abel Piedrahíta, la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas proyectará un oficio dirigido a Corvivienda, solicitando se le realice el trámite para considerar la posibilidad de ser postulado a un subsidio de vivienda (...) Se realizará seguimiento por parte de la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas con relación a la respuesta que emitirá Corvivienda”.
En cuanto a Márquez, el acta específica que la Secretaría de Salud Distrital realizó la gestión ante Caprecom, y logró que le asignaran una cita médica con un especialista en ortopedia de la clínica Higea. El propósito es valorar y certificar su condición de discapacidad.
Además, Cristian Sornoza, profesional de la UARIV, está gestando ante Megatienda una posible vinculación laboral, que dependerá del cumplimiento de los requisitos y evaluación de ingresos.
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