Ninguna autoridad hizo presencia en Marbella y Crespo para hacer cumplir con la orden de la Alcaldía que prohíbe el uso de las playas comprendidas entre estos dos sectores. Bañistas, vendedores ambulantes y negocios de la zona tuvieron ayer una jornada normal.
El cerramiento de las playas desde el edificio Marbella hasta el Club Naval de Suboficiales, se ordenó mediante el Decreto 1228, expedido el 1 de octubre, que impide toda actividad recreativa o comercial en esta zona, considerada peligrosa debido al impacto que pudiera tener sobre ella las obras del Túnel de Crespo.
El Decreto también suspende todo tipo de licencias, autorizaciones o permisos para el desarrollo de cualquier actividad en el tramo en mención.
La medida, que empezó a regir desde el día de su expedición, fue impuesta luego de que la Capitanía de Puerto de Cartagena (Dimar), solicitara al alcalde Dioniosio Vélez el cerramiento temporal de estas playas, pues las obras de adecuación, construcción y estabilización en los espolones podría generar cambios geomorfológicos y en el sistema de corrientes marinas en el sector donde se realiza la obra y zonas aledañas, además de inestabilidad geológica por los trabajos de dragado.
NO HAY SEÑALIZACIÓN DEL CIERRE
Las obra del Túnel están cerradas: las playas frente a la bomba de Terpel de Marbella hasta el Club Naval de Profesionales están selladas con polisombras. Sin embargo, gran parte de las playas de Marbella y un tramo de las de Crespo, en las que no hay obras, no tienen ningún tipo de señalización o impedimento de acceso.
De acuerdo al documento firmado por el alcalde Vélez, el Secretario del Interior, Roberto Barrios y el alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe son los funcionarios encargado de ejercer control y vigilancia del cumplimiento de esta medida.
El Universal realizó un recorrido por el trayecto de playas que menciona el Decreto y no encontró a miembros de ninguna autoridad controlando en el área de riesgo.
Asimismo transeúntes, bañistas y vendedores ambulantes aseguraron a este medio que desconocían las restricciones del Decreto y declararon que durante su estancia en el lugar, ninguna autoridad había hecho presencia para el desalojo.
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