El 90 % de los colegios públicos de Cartagena permanecen cerrados porque no hay quien abra las puertas. Así lo indicó Juan Guerrero, presidente de la Unión Sindical de Directivos Docentes de Bolívar (Usdidbol) quien señaló que los vigilantes tienen las llaves de los planteles.
Agregó que la suspensión de las clases, más allá de la protesta de los vigilantes por la no renovación de su contrato, tiene que ver con que el Distrito no dispuso de un plan de contingencia adecuado para la seguridad de los colegios.
“El meollo del asunto no es que se venció el contrato, es que el servicio debió ser reemplazado por empleados con las mismas responsabilidades, los vigilantes están peleando por sus derechos pero eso es independiente del estado de las instituciones”.
De acuerdo con el directivo docente, si la Alcaldía hubiera planteado un plan de choque efectivo, las clases se desarrollarían con normalidad.
“A los colegios llegaron brigadistas sin actos administrativos y dicen que no reciben las llaves porque no se van a hacer cargo de la seguridad sino a abrir y a cerrar puertas como si los colegios fueran bodegas”, indicó Guerrero.
Añadió que “no sabemos si ha habido robos porque no hemos entrado, puede que sí o puede que lo hagan esta noche; quienes reciban los colegios deberán hacer un inventario de lo que hay”.
Los directivos docentes sostienen que las clases se retomarán cuando se tengan las garantías de seguridad tanto para el personal administrativo como para la comunidad escolar.
Distrito no tendría que responder a vigilantes
Los más de 1.200 vigilantes que se quedaron sin empleo porque el Distrito no renovó el contrato con la empresa Oncor, siguen protestando en las entradas de los colegios que permanecen cerrados, donde además se han encadenado porque argumentan la violación de su derecho al trabajo.
El Universal consultó a Marilyn Espinosa Osorio, abogada especialista en derecho laboral y relaciones industriales, quien explicó que si los vigilantes eran contratados por un tercero, el Distrito no estaría violándoles ningún derecho porque no tendría una relación contractual directa con ellos.
Señaló que si la Alcaldía hace una nueva contratación con otro privado para suplir este mismo servicio tampoco estaría obligado a contratar al mismo personal.
“Los empleados deben hacer las reclamaciones a su verdadero empleador, que en este caso y según los hechos conocidos, no sería el Distrito sino la empresa privada”, manifestó la especialista.
Indicó que si el tercero solo contrataba a los vigilantes para cumplir con el contrato suscrito con el Distrito, no habría lugar a reclamaciones porque “un contrato de trabajo nace por una razón, y subsiste siempre y cuando las causas que lo originaron no desaparezcan, lo que quiere decir que si se contrata a alguien por un objeto, cuando este desaparece no hay violación del derecho al trabajo”.
En todo caso “se debe revisar la modalidad contractual y las condiciones en las que se dio la contratación, para así determinar si el empleador tiene alguna responsabilidad con los manifestantes o si existe quizás solidaridad patronal”.
No tenían ni radios
A mediados del año pasado, el sindicato de vigilantes de los colegios públicos firmó una convención colectiva con la empresa Oncor, en la que se acordaron algunos puntos como auxilios, permisos remunerados y dotación de computadores.
El acuerdo se logró tras varias denuncias ante los medios de comunicación por parte de estos trabajadores quienes aseguraban que no contaban ni con radios de comunicación ni con armas de dotación para reaccionar ante cualquier novedad.
Lo anterior demuestra que la relación contractual directa de los vigilantes era con la empresa privada.
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