Nombrarán alcalde ad hoc para decisiones en Transcaribe

14 de diciembre de 2018 12:00 AM

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El presidente de la República, Iván Duque Márquez, nombraría en cualquier momento un alcalde ad hoc para tomar tres decisiones fundamentales para la operación de Transcaribe.

Esto luego de que el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, enviara un documento a la Procuraduría regional de Bolívar por un impedimento de conflicto de intereses que tendría con estas decisiones administrativas, ya que sus familiares son dueños de una empresa transportadora de la ciudad.

Este documento, que conoció El Universal, fue enviado en octubre pasado y resuelto en noviembre, en el que la Procuraduría remite la comunicación a la Secretaría general de la Presidencia y al Ministerio del Interior.

“Solicité a la Procuraduría un impedimento por el conflicto que podría tener ya que mis papás son dueños de una empresa transportadora. Esto para ser totalmente transparente”, indicó el alcalde (e).

Las tres actuaciones administrativas son: la expedición del decreto del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y decreto de tarifas del sistema, la solicitud, revisión y eventual recomendación al gerente de Transcaribe sobre la ejecución de todos los contratos de concesión.

“Hay posible conflicto de intereses. El alcalde quiso asegurarse de que no existiera ningún conflicto, consultó a la Procuraduría, esta le manifestó que sí había conflicto de intereses con tres temas específicos que son FET, tarifas y concesiones. Hablé con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, se apersonó del tema y nos ayudará, a toda Cartagena, con la aprobación del FET”, señaló por su parte el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll Durango.

Antecedentes

Dentro del documento enviado al mandatario se especifica que la decisión de creación del fondo debe adoptarse mediante decreto municipal, distrital o acuerdo metropolitano, según sea el caso. Ello teniendo en cuenta su consagración legal en el artículo 33 de la Ley 1753 de 2015.

En el punto del decreto de tarifas, se expone que dentro de las funciones del alcalde está fijar las tarifas del servicio público a través del SITM, actuación que se debe surtir previa elaboración de estudios de costos, base para el establecimiento de las mismas.

Se explica que “la declaración de impedimento tiene sustrato en el hecho de que por los estatutos de Transcaribe, le corresponde a la junta directiva, de la cual hace parte el alcalde de Cartagena, la solicitud, revisión y eventual recomendación al informe que presente al gerente de la entidad, relacionados con la ejecución de todos los contratos de concesión, incluidos el suscrito con Sotramac S.A.S., empresa contratista operadora, y de la cual Pemape S.A. es asociada, no contratista de Transcaribe, y ‘donde tengo familiares con vínculo consanguíneo dentro de los grados previstos en la ley’”.

Entonces justifica que, siendo el alcalde presidente de la junta directiva de Transcaribe, puede estar en curso de impedimento por conflicto de intereses.

Con base en que los conflictos de intereses son posibles situaciones de orden moral, intelectual y económico que impiden a una persona actuar en forma objetiva e independiente, la Procuraduría aceptó la solicitud enviada por el alcalde.

Recordemos que el FET se usaría en caso de que las próximas administraciones decidan ignorar la sugerencia técnica para el aumento del pasaje y mantener el mismo precio, entonces, los recursos que estén en la fiducia que administre este fondo, se usarán para cubrir la diferencia entre las tarifas técnica y de usuario, en caso de que la segunda no alcance a cubrir los costos de operación.

Más buses

Por otra parte, el gerente de Transcaribe indicó que por la ciudad ruedan 215 vehículos del sistema y 115 más por incorporar. “En los próximos días se implementará una nueva ruta, en enero y febrero llegaríamos al 50 % de la implementación, es decir, más de 300 vehículos de Transcaribe”, precisó.

Contra el transporte ilegal

Ayer, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, reveló que el gobierno le pondrá freno al transporte público ilegal de pasajeros. Esto después de que el ministerio expidiera una circular en la que reitera a las autoridades de tránsito del país que a los conductores que violen el artículo 26 de la Ley 769 de 2002 y reincidan en la prestación del servicio público de transporte con vehículos particulares, sin justa causa, les podrán suspender y cancelar la licencia de conducción hasta por 25 años.

“Existe una correlación trágica entre la ilegalidad y la siniestralidad vial y desde el Ministerio de Transporte debemos promover la transparencia en todas las actuaciones de los actores viales. Estamos convencidos que con un mayor control ciudadano y sanciones más drásticas a quienes infrinjan la ley, habrá menos espacios para exista la corrupción”, dijo la ministra.

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