Frente al puente peatonal Benjamín Herrera, en Torices, por donde debería pasar el agua del caño Juan Angola, los mangles que aún están del lado de El Cabrero se juntan con las casas de invasión del sector La Unión.
En 15 años, la cuenca del caño se ha reducido tanto, que ahora gran parte del agua se devuelve o se detiene, acabando ahí la función que tiene el cuerpo de agua de oxigenar la laguna del Cabrero, Chambacú y la bahía.
Aunque esta parece ser la zona más crítica del cuerpo de agua, el ambientalista Rafael Vergara aseguró que todo el caño sufre una crisis ambiental que debe ser intervenida lo más pronto posible.
“Aquí hay tres grandes problemas: hay un medio ambiente mal sano, está la incapacidad del Estado para resolver la situación y la indolencia ciudadana, porque todos hacen lo que se les da la gana en ese sector”, enfatizó Vergara.
A la total deforestación de mangles que hoy sufre la margen que está en el barrio Torices, denunció Vergara, se suma la carga contaminante que la invasión está produciendo pues ninguna de esas familias está conectada al sistema de alcantarillado y todos sus desechos van a dar al caño.
¿De quién es la culpa?
La construcción del edificio Lagunas del Cabrero también llamó la atención, por aparentemente construir sobre una zona que antes estaba cubierta de mangle, al respecto el secretario de Planeación Irvin Pérez aseguró que están revisando las denuncias existentes para determinar la responsabilidad en el evidente estrangulamiento del caño.
Planean intervención
Bernardo Pardo, gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe), aseguró que se planea una intervención inicial del caño Juan Angola, en la que el sector La Unión está incluido.
La intervención técnica incluiría una relimpia de raíces de mangle y el dragado, cuya profundidad se definirá a través de un estudio previo que realicen.
El funcionario explicó que en este momento la empresa está esperando la luz verde para arrancar los estudios de esta primera etapa.
¿Desalojo?
Leonel Guardo, subdirector técnico del Establecimiento Público Ambiental (EPA), aseguró que la semana pasada el establecimiento acompañó una visita de la Procuraduría para verificar el impacto de asentamientos como el de La Unión sobre los manglares de la ciudad. Dicha visita resultó en que se debe recuperar el espacio invadido.
Esta tarea, también necesaria para la intervención técnica, le corresponde a la Alcaldía Local 1, la inspección de policía de competencia y la Secretaría del Interior.
“Estas son familias que ya fueron reubicadas y compensadas por Corvivienda, por lo que la recuperación del terreno tiene que darse por desalojo. Ellos volvieron a entrar y la ley no permite que se les vuelva a compensar”, explicó Pardo.
Carlos Mieles, alcalde de la Localidad 1, aseguró que su despacho ya adelantó los actos administrativos necesarios para que la orden se dé de manera legal. “Estamos organizando los expedientes para surtir el trámite de notificación, para no tener problemas con la violación de ningún debido proceso durante la recuperación de la zona”, puntualizó Mieles.
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