Los proyectos de infraestructura ejecutados bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas (APP), que prometen modernizar el país y recuperar su competitividad, están siendo afectados por un grave problema: la inseguridad jurídica.
La advertencia la hizo el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, durante su participación en el primer Congreso Internacional de Derecho Empresarial, Contable y de los Negocios, organizado por la Cámara de Comercio de Cartagena en el marco de la conmemoración de sus 100 años.
Vargas aseguró que el Viaducto sobre la Ciénaga de la Virgen, como parte de la doble calzada entre Cartagena y Barranquilla, fue paralizado esta semana por esa causa.
“Ese fue un proyecto que hace cuatro años se estructuró, hace dos se licitó y todas las consultas se adelantaron. Cuando ya el inversionista está piloteando el puente nos paran la obra por una decisión en virtud de una tutela, cuyas consecuencias probablemente no midió el juez. Cada día de obra parada cuesta lo mismo que un día de obra en ejecución. La inseguridad jurídica en el sector de la infraestructura y en muchos otros sectores está afectando gravemente el desarrollo del país”.
El Vicepresidente explicó que la suspensión de obras fue ordenada por un magistrado del Tribunal de Bolívar, porque no se adelantó la consulta previa de la comunidad de La Boquilla. “Todas las comunidades fueron consultadas, excepto las de La Boquilla, y como no hubo lugar al cierre con la consulta en ese corregimiento, se cambió el trazado de la obra, y ahora nos encontramos con este nuevo incidente”.
“Ya presentamos el recurso de reposición de apelación -anotó- pero no hay derecho. Un proyecto que fue socializado hace dos años, que representa una inversión de 1.2 billones de pesos, que fue consultado en su momento, cuyas obras están en marcha, y sea objeto de una parálisis porque no se adelantó una consulta”.
Dijo que aspira a que el problema de la obra Cartagena-Barranquilla se solucione pronto, “porque además los costos que esto ocasiona, los terminamos pagando todos los colombianos. Cualquier parálisis de estas obras se traducen en futuras demandas contra el Estado colombiano”.
Vargas añadió que este es solo uno de los numerosos casos de proyectos ejecutados bajo el esquema de APP, que registran impasses.
“Mucho hubiera convenido avanzar en temas como la delimitación de tutela, el precedente judicial, para que todos los jueces del país y los tribunales tengan una línea jurisprudencial de interpretación de la ley, y evitemos hechos como los que tienen lugar ahora”.
Problemas ambientales, bancarios y de corrupción, “que hay que denunciar” -sentenció Vargas- también rodean a las APP.
INFRAESTRUCTURA, ÚNICO SECTOR CON APP
Para el Vicepresidente colombiano, el sector de la infraestructura es el único en el país que ha hecho uso eficaz de las APP.
“No conozco a la fecha ni en el nivel nacional, ni en el nivel territorial, ningún otro sector que tenga aprobada la primera APP de iniciativa privada. No lo ha sido para hospitales, no lo ha sido para el sector de educación, ni para el deporte o turismo. Mi invitación es a que se pongan las pilas, porque ahora en medio de la situación fiscal que estamos viviendo, no son muy distintas las fuentes de financiamiento para poder seguir estimulando inversiones que apelar a este instrumento”.
Destacó que valiéndose de ese esquema, “tenemos en marcha en Colombia el programa más ambicioso que se haya hecho en la historia del país. Representa cinco veces la inversión que se hizo en la ampliación del Canal de Panamá, y a nivel latinoamericano es la obra más destacada. Eso le va a permitir a Colombia pasar del deshonroso puesto 18 al tercero en materia de desarrollo de infraestructura”.
Por inversiones que superan los 60 billones de pesos, a la fecha el Gobierno nacional tiene aprobadas 22 concesiones de APP públicas y 11 privadas, para un total de 33.
Según Vargas, la “primera ola” de esos proyectos, compuesta por no menos de 10 obras, ya está en marcha. “Están en proceso de maduración, algunas en prefactibilidad, otras no”.
Agregó que una vez entregadas, “van a transformar la competitividad de este país. Sonaría a un sueño, pero no lo es”.
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