La prórroga que pidieron técnicos del Distrito para entregar el informe final sobre el resultado de la evaluación a los hallazgos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y los aislamientos previstos por la construcción del edificio Aquarela, fue calificada como inaudita por el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez.
Estos permitirán identificar si la obra, construida cerca al Castillo San Felipe y suspendida el pasado 24 de octubre por una inspección de Policía, presenta detrimento al patrimonio público e histórico de la ciudad.
“Es inaudito que casi un año después, la Alcaldía de Cartagena siga pidiendo prórrogas porque no tiene listos los informes”, destacó el procurador.
La alcaldesa encargada, Yolanda Wong Baldiris, dijo que pidió celeridad a los técnicos para la entrega de dichos informes. "Pedí celeridad a técnicos de Planeación para que se agote la etapa probatoria y se tomé una decisión de fondo con base en las pruebas”.
Es que para el representante del Ministerio Público, el Distrito no ha permitido, en un año, avanzar el proceso policivo que busca la recuperación del espacio público y la protección del patrimonio histórico que sería amenazado por esta construcción. Entonces, le pidió no seguir dilatando la recuperación del mismo.
La Procuraduría también destacó que pese a que desde octubre de 2017 la Alcaldía sabía de esto, los técnicas pidieron dos días más de prórroga porque el informe “no estaba listo”, por lo que la audiencia la reprogramaron para el miércoles 19 de septiembre.
Aquarela en su cuenta de Twitter indicó que en 2017 subsanó de inmediato los presuntos hallazgos que llevaron al cierre de la obra, que se han adelantado siete diligencias policivas en las que han aportado las pruebas exigidas. Además que confían que este 19 de septiembre se llegue a una conclusión final.
Además, aun cuando el caso tenía repercusiones culturales, económicas y sociales, dejó pasar un año sin hacer pronunciamientos de fondo lo que “ha facilitado una peligrosa dilación en el caso”.
El Ministerio Público también ha estado en el proceso de la Sección Cuarta del Consejo de Estado sobre la legalidad de las medidas cautelares que mantienen suspendida la construcción del edificio Aquarela, un proyecto de vivienda para más de 900 familias.
Sobre el patrimonio
Representantes del proyecto insisten en que el conjunto monumental de Cartagena, integrado por el puerto, las fortalezas y el Centro mantienen su carácter de Valor Universal Excepcional para que la Unesco declarara este conjunto como Patrimonio de la Humanidad en 1984.
La Unesco sigue su investigación sobre si la construcción de este edificio haría a Cartagena perder su declaratoria como patrimonio, pues fue el primer lugar en Colombia en ingresar a la lista. El Comité de Patrimonio Mundial envió misiones a la ciudad para estudiar las condiciones de preservación del conjunto de monumentos y concluyó que este debería estar amparado por un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), ejecutado y vigilado por las autoridades.
Este informe también recomienda que se evalúe el efecto en el patrimonio para identificar y medir, objetiva y sistemáticamente, los impactos potenciales del proyecto habitacional, pero no se ha hecho.
Proceso judicial
Recordemos que a finales de agosto, el juez primero Penal del circuito confirmó en segunda instancia la libertad del representante legal de la Promotora Calle 47 S.A.S. y gerente de Aquarela, Lucas Tamayo, así como la del arquitecto Claudio Restrepo. Por lo que fueron declarados inocentes frente a los delitos imputados de urbanización ilegal y daño en los recursos naturales.
Es decir, el proyecto habría cumplido con toda la normatividad vigente al momento de tramitar y obtener las licencias urbanísticas y de construcción. Incluso, el juez invitó a la Fiscalía a revisar el sentido de la investigación.
Esta es una de las cuatro investigaciones contra la edificación además del proceso policivo que suspendió y selló la obra, la acción popular interpuesta por el Ministerio de Cultura y una acción de nulidad que inició la Procuraduría por la presunta ilegalidad de las licencias.
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