Con satisfacción y alegría las personas con discapacidad recibieron el anuncio que el presidente Juan Manuel Santos publicó el pasado 4 de enero en su cuenta en Twitter: “Acabo de dar la instrucción para que la población con cualquier discapacidad sea plenamente incluida en el censo nacional 2018”. Sin embargo, los ahora amparados sostienen que no bajarán la guardia hasta que su inclusión en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 sea una realidad.
El viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez Londoño, contó a El Universal cómo se prevé garantizar que el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) incluya preguntas que caractericen a las personas con discapacidad.
“Con el trino, el presidente hizo pública una instrucción que había dado al interior del Gobierno el miércoles en la tarde y era que se aseguraran los recursos para incluir en el censo preguntas que caractericen a las personas con discapacidad. Inicialmente se requerían cerca de $20 mil millones. Después de algunos ajustes se logró la financiación que se requiere con $10 mil millones. El objetivo es que todas las entidades que conformamos el Consejo Nacional de Discapacidad aportemos recursos para completar los $10 mil millones que se requieren”.
Precisó que los ministerios de Trabajo, Salud, Hacienda, Cultura, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), entre otros, “sumados a las entidades que tienen competencia directa con temas de discapacidad”, aportarán a esta causa.
El funcionario señaló que “el censo presencial arranca en abril. Tenemos tiempo de aquí a ese mes para que estén los recursos. Es para pagar funcionarios y trabajadores que recolecten datos”.
“El costo de incluir más preguntas -explicó- obedece a que entre más preguntas tenga el censo más se demora. Como es un censo a millones de colombianos, si su aplicación a una persona se demora tres minutos más hay que multiplicarlos por millones, por eso el costo está en relación con el número de preguntas”.
En espera de tutela
Olga Montes, consejera Nacional de Discapacidad en representación de las personas con discapacidad múltiple, sostuvo que “el presidente dio la orden y el viceministro del Interior ha estado bregando por eso, pero no hay un documento formal donde conste el compromiso”.
“Nosotros no vamos a bajar la guardia -anotó-, vamos a esperar qué pasa con la tutela, cuyo fallo debió salir el jueves. Está demorada. Vamos a llevarla hasta el final”.
Cabe recordar que el pasado 29 de diciembre, el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB) interpuso una acción de tutela ante el Juzgado 28 de Ejecución de Penas, en Bogotá, para que ordenara al Dane incluir en el censo preguntas que permitan contar con información sobre las personas con discapacidad en Colombia. Se recurrió al recurso judicial porque el Dane manifestó que por “restricciones fiscales y por tanto presupuestales” excluiría tales preguntas.
La consejera Nacional de Discapacidad recalcó que para la primera etapa del censo, que se inicia el próximo martes y consta de la recolección de datos vía formulario electrónico, ayer “citaron en el Dane a personas con discapacidad visual y sordociegas para hacer pruebas de sensibilidad en la plataforma virtual. Para el censo puerta a puerta que se va a hacer en abril no hay nada escrito aún y ahí es donde más nos interesa que incluyan las preguntas”.
Incidencia ciudadana
El viceministro destacó que el clamor manifestado por la ciudadanía en redes sociales, a través del hashtag #ElCensoEsDeTodos, fue lo que motivó al Ministerio del Interior a buscar una solución a la vulneración denunciada. 10.500 tuits fueron publicados en la ‘Twitteratón’ del 29 de diciembre y por más de cinco horas, el mencionado hashtag fue tendencia número uno a nivel nacional.
“La petición ciudadana se movilizó a través de las redes sociales y en la plataforma Change.org recogió más de 50 mil firmas de apoyo en pocos días. Esto fue lo que motivó que el Ministerio del Interior hiciera los contactos con el Dane, el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República para buscar una solución, porque lo que buscamos en el Ministerio del Interior es que la participación ciudadana así sea por medios digitales cuente, tenga incidencia, y por eso nos vinculamos y nos alegra haber encontrado una solución tan pronta”.
Gómez Londoño añadió que las personas con discapacidad -que según cifra proyectada en base al censo 2005 son más de 3 millones en el país-, “tienen razón en la exigencia de su derecho, en eso nunca va a haber discusión y vemos que la dificultad que tiene el Estado para garantizar los derechos está en la disponibilidad de recursos. Nunca se discutió el derecho sino la dificultad o la disponibilidad de los recursos. Lo importante fue la voluntad política y presupuestal de varias entidades para asegurar recursos”.
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