El Tribunal Administrativo de Bolívar amparó los derechos de los pescadores del corregimiento de Santa Ana (isla de Barú), en cuanto a los trabajos de profundización de la bahía de Cartagena.
Clemente Julio Valdelamar, presidente de la Cooperativa de Pescadores de Santa Ana (Coopsana), manifestó que el recurso fue instaurado en contra del Instituto Nacional de Vías (Invías), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Dirección Nacional General Marítima (Dimar) y el Ministerio del Interior.
Estos organismos están involucrados en las obras de dragado del canal de acceso a la bahía de Cartagena, entre los fuertes San Fernando y San José; como también en la ampliación del canal de acceso a la bahía entre las islas Draga y Abanico.
Explicó que los pescadores de Santa Ana y Ararca se vieron en la necesidad de instaurar la tutela en vista de que, supuestamente, las entidades en cuestión únicamente hacían consultas previas con las comunidades de Bocachica y Caño del Loro, dejando por fuera los demás corregimientos, que también son afectados por las obras, según Julio Valdelamar.
El agremiado dijo que durante los primeros reclamos por la susodicha omisión, el Ministerio del Interior argumentó que los pescadores de Ararca y Santa Ana no laboran en las aguas del Canal de Bocachica o Canal de Varadero, por lo cual no se les consultó.
En vista de lo anterior, los pescadores decidieron interponer la acción de tutela pidiendo el amparo del derecho a la consulta previa, por ser las suyas comunidades afrodescendientes; el derecho a un ambiente sano, a la participación, a la información, a la seguridad alimentaria, al trabajo y al debido proceso.
Sin embargo, el Tribunal no amparó lo relacionado con la consulta previa, ya que la tutela fue instaurada por una cooperativa de pescadores y no como el grupo étnico que habita en los pueblos de Ararca y Santa Ana.
Al respecto, Clemente Julio anunció que su grupo impugnará esa parte, “dado que las comunidades negras no obligatoriamente debemos instaurar tutelas a través de nuestros consejos comunitarios. También podemos hacerlo mediante asociaciones o cooperativas. Lo otro es que actualmente estamos sin junta directiva en el consejo comunitario y eso no podía impedir que interpusiéramos la tutela”.
Por su parte, Osvaldo Castillo, director Territorial de Invías, anunció que el próximo 23 de noviembre la entidades señaladas en esta acción de tutela se reunirán con las comunidades de pescadores para socializar el proyecto, tal como lo ordena el Tribunal Administrativo de Bolívar.
Asimismo, indicó que la tutela en comento será impugnada por la entidad a su cargo, ya que en estos momentos no se están haciendo dragados en la zona.
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