La directora de la Agencia Jurídica del Estado, Adriana Guillén, anunció que le solicitó a la Corte Constitucional que anule el fallo que protegió a una serie de comerciantes ubicados en el sector de Playa Blanca en la Isla de Barú sin que al parecer sean afrodescendientes, ni integrantes de comunidades ancestrales.
Guillén explicó que los representantes de ese grupo de comerciantes denominada Asociación de Trabajadores del Turismo de Playa Blanca, son una ciudadana española identificada como Carmen García y el trabajador Wilfrido del Río Estrada, e indicó que laboran en zona de playa y "por tanto de uso de bien público".
Guillén insistió en que la preocupación principal en este caso es que se proteja a comunidades que se autodenominan ancestrales, sin que lo sean, lo que se podría tomar como un precedente para que se presenten acciones de tutela similares y conseguir incluso titulaciones de tierras en zona de playa.
“Este fallo marca un grave precedente para todas las playas de Colombia y es que un grupo de comerciantes que tiene derecho al trabajo, pero que no se quiere someter a las reglas, simplemente se autoproclama como comunidades étnicas para adquirir una serie de derechos que por otra vía no tendrían”, dijo.
Para Guillén es necesario que la Corte evalúe de nuevo la situación de los comerciantes extranjeros, más si se tiene en cuenta que la Corte no aceptó una prueba ocular que se realizó en el proceso y que determinó precisamente que no se trataba de una comunidad étnica.
“Es una señora extranjera que tiene montado un hostal en zona de baja mar y no en zona consolidada, en zona de playa, y la playa es de todos”, dijo la directora quien aseguró además que la Nación es dueña de 259 hectáreas de terreno consolidado y afirmó que actualmente no hay ningún proyecto turístico en la zona.
“El Estado no ha desarrollado un proyecto aún”, dijo a pesar que el fallo de tutela señala precisamente de una iniciativa hotelera denominada Playa Blanca Barú S.A.S, que tiene página web anunciado el mega proyecto, que incluye tres hoteles, condominios y campo de golf de 18 hoyos de “nivel internacional”.
“Se ha intentado desarrollar y funcionar pero hasta ahora no hay un proyecto claro. Precisamente lo que los comerciantes están buscando es que ustedes como periodistas mezclen todo con todo y fue lo que hicieron en la tutela. Lo que realmente quieren es formalizarse por la vía de un autoreconocimiento para apropiarse de la zona de playa”, insistió.
Según Guillén, además, es gracias a la Corporación para el Desarrollo Playa Blanca-Barú (Corplaya), “que estas personas se han asociado y organizado para trabajar la zona de playa”.
El director de la Dimar, contralamirante Pablo Emilio Romero, señaló que esa entidad no fue tenida en cuenta en el marco del proceso cuando es la encargada de hacer las concesiones en las playas e indicó que preocupa que en ese sector de Playa Blanca haya población que prácticamente invade las playas pasando por alto las normas existentes.
“Nos preocupa que se vayan a titular bienes de uso público del litoral que son intocables”, señaló.
El alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez, aseguró que Playa Blanca ha sido explotada comercialmente de forma mayoritaria por personas extranjeras cuando se trata de bienes públicos, por lo que ha sido necesario cancelar registros mercantiles y sellar algunos de estos comercios.
"Ha sido una zona de playa ocupada por mucho comercio y estamos haciendo un llamado para que estos bienes vuelvan a la Nación", puntualizó.
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