El asesinato de una mujer en un campero colectivo, el pasado miércoles, encendió nuevamente la discusión sobre la permanencia o salida de esos vehículos de los barrios Torices, Daniel Lemaitre y San Francisco.
Policarpo Caraballo, líder comunal de Daniel Lemaitre, afirmó que su barrio se encuentra acorralado por la delincuencia y algunos de los conductores de camperos colectivos colaboran con ella o se dejan intimidar por los forajidos; y que los barrios de esa zona necesitan eliminar los camperos para darle paso a los vehículos de Transcaribe.
David Gamarra, líder comunal de San Francisco, comentó que desde hace mucho tiempo su comunidad está pidiendo un transporte público más seguro, por lo cual han organizado varias reuniones con las directivas de Transcaribe, pero no se ha podido concretar la puesta en marcha del servicio.
Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe, respondió que el introducir los vehículos en esa zona, implica la utilización del puente Las Palmas, el cual, según la Secretaría de Infraestructura del Distrito, no resiste el peso de esos buses cargados.
De otro lado, recordó que un juzgado ordenó que, por haber afectaciones de tipo socio-económico, deben implementarse políticas públicas con el gremio de los camperos antes de sacarlos del servicio.
Al respecto, Transcaribe ofició al entonces alcalde de Cartagena, Manolo Duque; y, posteriormente, a Sergio Londoño, quienes enviaron el oficio a la Secretaría de Hacienda y nunca más se ha sabido de ese caso, “pero lo cierto es que el gremio de camperos quiere charratización, indemnización y que los incluyamos como trabajadores de Transcaribe. Pero el Ministerio de Transportes nos dijo que nosotros no tenemos que dialogar con ellos, porque son ilegales”, anotó Ripoll.
La alcaldesa (e) de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris, enfatizó en que los camperos deben salir, para que entre Transcaribe, que no podría compartir con ellos la vía, so pena de que le causen un detrimento económico.
“Y no hay lugar a acuerdos, porque se trata de una ruta no reconocida por el Mintransporte”, señaló la mandataria, quien dijo estar de acuerdo con los líderes comunales en la asociación de algunos conductores de camperos con los delincuentes. “Lo que pasa --puntualizó-- es que cuando uno los quiere sacar, se escudan con la supuesta necesidad de la comunidad. Pero cuando ocurre un crimen, entonces la culpa es de las autoridades”.
Osvaldo Pérez Ávila, representante legal de la Cooperativa Multiactiva de Transporte Colectivo (Coomutrascol), respondió que “me extraña que la alcaldesa se exprese de esa forma, porque fue ella una de las personas que impulsaron el estudio socio-económico que hizo el Colegio Mayor de Bolívar, el cual arrojó el perjuicio que Transcaribe causaría a los colectivos. Aceptamos que debemos salir, pero con todas las garantías laborales, porque tenemos más de 25 años prestando el servicio”. En cuanto a presuntas asociaciones entre delincuentes y choferes, dijo que “somos más los buenos que los malos. Y está como difícil ponerse a buscar quién es el malo, porque cada dueño de carro decide a quién pone de chofer y a quién no”.
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