¡Alerta por corrupción!

Prácticamente, todos los días en Colombia se tramitan en procuradurías y juzgados regionales procesos disciplinarios y penales contra diversos funcionarios públicos. Algunos de ellos son elegidos popularmente y otros son designados por estos funcionarios.
Sin embargo, tomando en cuenta que se avecinan las elecciones locales: gobernadores y alcaldes, entre otros, es necesario analizar con profundidad la corrupción que existe en estas instancias de gobierno.
El escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá llega a un punto cumbre con el arresto de su Alcalde Mayor Samuel Moreno Rojas.   
De esta forma se dispara una alerta sobre la corrupción de los gobernantes en todo el territorio nacional y la importancia de tener que elegir bien.
Según cifras de la Procuraduría General de la Nación, unos 302 alcaldes y 10 gobernadores en todo el país han recibido algún tipo de sanción temporal o definitiva. Estas cifras generan gran preocupación en la Procuraduría ya que parece que los gobernantes colombianos están acostumbrados a pasar por alto la normatividad.
Desde pequeñas omisiones en las que se incumple una norma técnica, hasta grandes escándalos como el ocurrido en Bogotá donde se pierden billones de pesos difíciles de recuperar en su totalidad.
Entre los escándalos más graves que han estallado en el país se puede mencionar a las gobernaciones de Meta, Valle del Cauca, Magdalena y Bolívar, así como a las alcaldías de Armenia, Bucaramanga, Cali, Palmira, Arauca y Valledupar, que han cometido irregularidades por miles de millones de pesos.

Autoridades vigilantes
Estando a un mes de las elecciones regionales y locales, es de suma importancia para Colombia tomar medidas preventivas contra la corrupción y elegir correctamente.
La procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, María Eugenia Carreño, afirma que la entidad está decidida a tomar medidas para evitar el fraude en las elecciones, la principal forma en que los corruptos llegan a los cargos públicos. En este sentido lanzó una estrategia de vigilancia muy cercana a la financiación de las campañas, al registro de inhabilidades de los candidatos y a los casos de posible transhumancia.
Con la vigilancia que se ha realizado hasta el momento, la Procuraduría mostró cifras en las que afirma que para las próximas elecciones, de 154 candidatos para las gobernaciones sólo uno está inhabilitado y de 4.585 candidatos a las alcaldías se han encontrado 12 inhabilitados.
Sin embargo, Carreño, también aclara que la parte más difícil de vigilar es la injerencia de narcotráfico y grupos al margen de la ley en las campañas.
Esto -dijo- por que no existen registros escritos de esto y la vigilancia personal suele ser peligrosa. En estos casos, la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral lanzaron una alerta por departamentos. Antioquia, Arauca, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Valle del Cauca y Sucre son los más afectados.

Mayores motivos de sanción
Según la Procuraduría uno de los principales incentivos a la corrupción es la facilidad de aprovecharse de los dineros públicos. Durante varios años, los gobernantes locales han buscado formas de apropiarse de estos dineros, y en muchos casos lo han logrado sin mayores consecuencias.
En la administración pública la mayoría de casos reportados por corrupción se relacionan con la contratación.
Casos como el del exgobernador del Magdalena Ómar Díazgranados, quien fue destituido en 2011, por la compra de kits escolares sobrevaluados para extraer dineros del presupuesto departamental. A pesar de que presentó una tutela y fue restituido en su cargo, estará suspendido hasta diciembre, mientras se resuelve el caso.
También se puede mencionar al destituido gobernador del Casanare Raúl Florez Chávez, quien fue inhabilitado por 14 años, por celebrar contratos mediados por intereses particulares. A este nombre se suma el del destituido alcalde de Arauca William Alfonso Reyes, y el de mandatario de Neiva, Héctor Aníbal Ramírez, quienes están siendo investigados por la Procuraduría, por presunto mal manejo de dineros recibidos por las regalías petroleras.

Tráfico de influencias
Otra razón para sanciones es el tráfico de influencias. Hay gobernantes que hacen uso de su posición para designar funcionarios que les facilitan las cosas, desde una contratación irregular, hasta una posición laboral para un aliado político.
Entre estos casos se puede contar al gobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, quien en 2010 fue destituido e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos por participar en política, al favorecer en su campaña al entonces candidato Andrés Felipe Arias.
Otro de los lunares en este preocupante panorama es la relación de dirigentes políticos con narcotraficantes y grupos al margen de la ley.
Ésta generalmente no se usa para extraer dineros del Estado, sino para facilitar las acciones delictivas de estos grupos. Desde otorgamiento de beneficios a narcotraficantes hasta la defensa de los intereses de los grupos armados representan un peligro no solo para el presupuesto nacional, sino también para la población civil de esas regiones.
A pesar de que el panorama se ve difícil, es muy importante que la gente reflexione bien sobre los gobernantes que va a elegir por el bien de su ciudad y su región.
Es necesario evitar las prácticas politiqueras tradicionales que favorecen el clientelismo y la corrupción y pensar en sacar al país de esta crisis en la se encuentra sumergido.
Es indispensable que la ciudadanía participe en política, no sólo eligiendo, sino a través de denuncias ante los entes competentes, con el fin de evitar que la corrupción se siga robando lo que es de todos.

Cartilla de inhabilidades
Con el fin de evitar que candidatos inhabilitados aspiren a los distintos cargos públicos del país, la Procuraduría General de la Nación lanzó una publicación en la cual recoge todas las inhabilidades e incompatibilidades en las que pueden incurrir los candidatos que aspiren a ser  gobernadores, alcaldes, diputados y concejales en las elecciones del 30 de octubre.
La publicación, que se hizo con el apoyo del Instituto de Estudios del Ministerio Público, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Registraduría Nacional del Estado Civil, ofrece los conceptos, las finalidades y consecuencias de las inhabilidades.
También explica en forma específica las incompatibilidades en el caso de gobernadores, diputados, alcaldes municipales, concejales y miembros de las juntas administradoras locales así como la pérdida de investidura de estos funcionarios, su naturaleza jurídica, causales y cuestiones procesales.
Con esta publicación, se pretende que la ciudadanía y las autoridades locales de vigilancia están al tanto del tema y se realicen las denuncias pertinentes.

Presupuesto en peligro
Según cifras del Banco de la República, el 77 por ciento del presupuesto de la Nación está asignado a la contratación pública, razón por la cual un mal manejo u otorgamiento equivocado de ese dinero pone en peligro el presupuesto del país para próximos años.
Este mecanismo permite desde la compra de elementos para programas sociales que aparecen sobrevaluados, hasta el mal uso de dineros que ingresan al estado por concepto de regalías.