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Alcaldes en líos hacen tambalear Ley de Partidos

Lo que empezó en julio de 2011 con la firma de la Ley Estatutaria de los Partidos y Movimientos Políticos y que se veía como la salvación para un proceso electoral transparente y limpio, cinco días después de las posesiones de los mandatarios locales, toma tintes de fracaso.

El hecho es que hasta la fecha hay por lo menos seis gobernadores que tienen procesos pendientes en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, entre ellos la gobernadora de Huila, Cielo González. Lo que es más grave aún es en departamentos como Antioquia, Boyacá y Córdoba ya hay municipios que tienen alcaldes encargados.

Para los expertos, no hay duda de que el Gobierno trató de minimizar el caos desde julio con la firma de la Ley Estatutaria de Partidos, en la que, entre otras, fijó un régimen sancionatorio tanto para las colectividades como para sus directivos.

La Ley establece que los partidos "tendrán que responder por los candidatos que no reúnan los requisitos o calidades, se encuentren inhabilitados o en incompatibilidad o hayan sido condenados o lleguen a serlo durante el periodo para el cual resulten elegidos".

Sin embargo, también es claro que los partidos minimizaron las consecuencias y, al parecer, no hicieron la tarea como se debía a la hora de revisar con lupa los avales que entregaron.

Algunos analistas son más optimistas y recuerdan que estamos en un país democrático en donde tener un proceso abierto no implica la perdida del aval.

Los que se fueron

El primer alcalde que salió del escenario político no logró ni si quiera posesionarse. Se trata de Benito Pacheco, quien logró la mayor votación de Cáceres (Antioquia) con el aval del Partido Liberal.

Sin embargo, no se posesionó debido a que el 29 de diciembre la Procuraduría lo destituyó y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por once años por irregularidades contractuales.

Los otros dos alcaldes que ya tienen "reemplazo" temporal, están en Córdoba. Se trata de Bonifacio Contreras, alcalde de Los Córdobas, quien tuvo el aval del Partido Liberal y José Félix Martínez, mandatario de Moñitos, quien llegó a la Alcaldía con el respaldo de la U.

Ambos están en la cárcel ‘La Picota’ de Bogotá, señalados por la Fiscalía de tener vínculos con las Auc.

El otro alcalde es el de Santana (Boyacá), Henry Armando Suárez, quien tiene el aval del Partido de la U y quien se posesionó a pesar de estar inhabilitado para hacerlo por una sanción de la Procuraduría por estafa.

Además de esto, el mandatario designó como alcaldesa encargada a la Secretaria de la Tesorería del municipio que lleva 20 años en el puesto. Se trata de Jacqueline Sánchez quien ya nombró gabinete e incluso ha despedido a varios funcionarios del centro de salud.

Y como si al ramillete de alcaldes y gobernadores destituidos no fuera suficiente, ayer la Procuraduría, en un fallo de primera instancia, suspendió por seis meses a Jesús María Varelas, actual concejal de Chigorodó (Antioquia) por infringir el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

En el Quindío, Fernando Fernández, concejal electo de Armeni, y John Jairo Rincón, diputado electo, no se han posesionado porque están en la cárcel bajo medida de aseguramiento.

Que los partidos respondan

El analista y experto en la Ley Estatutaria de Partidos, Carlos Arturo Piedrahíta, manifestó que conoce cerca de 10 casos de concejales y diputados que tienen problemas por inhabilidades.

Piedrahíta indicó que es el momento de evaluar la responsabilidad de los partidos ya que, evidentemente, tenían que ser más "celosos" con los controles en la entrega de avales.

"Es inaudito que al diputado del Quindío, John Jairo Rincón, lo hayan detenido el 28 de octubre y el partido al que pertenece no supiera que él tenía una investigación, sabiendo que los partidos de conformidad con la ley estatutaria tienen la obligación de revocar el aval en cualquier momento", señaló.

En ese sentido, explicó Piedrahita, los partidos a los que pertenecen los candidatos que han sido destituidos e inhabilitados pueden enfrentar investigaciones porque así está contemplado en la ley.

Por último, Guillermo Mejía, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), manifestó que los partidos están en un problema porque a pesar de la ley estatutaria, "el artículo 40 de la Constitución consagra el derecho fundamental de elegir y ser elegido. En ese sentido, si a una persona no la han condenado y está en proceso de investigación, no se le puede negar el aval; no es tan fácil tomar esa decisión para los partidos".

Investigarán a notarios

La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) anunció que abrirá los procesos disciplinarios a que haya lugar a aquellos notarios que posesionaron mandatarios locales, que por diversas circunstancias no podían serlo.

Así lo dio a conocer el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez García, tras los hechos ocurridos con la posesión de los mandatarios de los municipios cordobeses de Moñitos y Los Córdobas.

"El notario primero de Moniquirá, Guillermo Pinzón habría dado posesión irregular al alcalde electo de Santana (Boyacá), más lo ocurrido, presuntamente en la cárcel Picota, nos lleva a tomar esta decisión para tener claridad", señaló el funcionario a la agencia de noticias Colprensa.

Del mismo modo, Vélez dijo que se está "solicitando a los notarios de todo el país que nos informen acerca de los procesos de posesión de mandatarios locales que hayan tenido lugar en sus notarias, para determinar si se hizo dentro de la normativa vigente".

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