Alcaldes urgen al Congreso aprobar ley que desmonta beneficio económico por acciones populares

La Federación Nacional de Municipios, Fedemunicipios, le pidió al nuevo Congreso de la República que dentro de su agenda legislativa que empezará a estudiar desde el 20 de julio, le dé prioridad al trámite final del proyecto de ley que incluye una nueva regulación al derecho y aplicación de las acciones populares. De acuerdo con el director ejecutivo de Fedemunicipios, Gilberto Toro, en la actualidad cada municipio colombiano debe estar afrontando al menos 10 acciones populares, muchas de las cuales reclaman derechos a los que tienen las comunidades, pero otras son presentadas por abogados que sólo buscan ganar el incentivo económico que se les otorga cuando es concedida la misma por parte de un juez. Toro explicó que el municipio de Montenegro, Quindío, en la actualidad tiene 45 acciones populares que se están tramitando en su contra, las cuales, de ser falladas por los jueces, le obligarían al municipio hacer una inversión de al menos 25.000 millones de pesos para cumplir con las exigencias de las mismas. Lo particular de esta situación es que el municipio anualmente sólo tiene una asignación presupuestal de 15.000 millones de pesos. Para Toro, lo que viene sucediendo es que esta reclamación de los derechos colectivos de las comunidades no lo están haciendo, en la mayoría de los casos, abogados de esas ciudades o representantes de la población, sino por abogados que han tomado como oficio instaurar estas reclamaciones en diferentes ciudades. El Director Ejecutivo de Fedemunicipios dijo que hay acciones populares que buscan obligar a un alcalde cambiar el sentido de la dirección de las rejillas de las alcantarillas, todo porque impiden el normal tránsito de las personas o porque las mismas no debían ir de esa manera. También hay otra acción popular, presentada en distintas ciudades, que obliga a los alcaldes a construir cosos para que sean encerrados los animales que deambulan por las calles como gatos y perros, porque no tienen dueño o sus propietarios no les dan el cuidado adecuado. Esto, según Toro, obligaría que las administraciones municipales dispongan de al menos de un presupuesto de 30 millones de pesos. Explicó que la invitación al Congreso es para que tramite el proyecto de ley que ya está en curso, el cual fue votado en Comisión Primera de la Cámara y ahora deberá seguir a plenaria de la corporación y sus dos debates en Senado. La norma no busca quitar el derecho a reclamar las acciones de cumplimiento, sino que quita el incentivo económico que se entrega a quien la gane ante el juzgado.