Luego de conocerse la noticia sobre la asesoría que prestará el juez español Baltasar Garzón en materia de derechos humanos en Colombia, varios analistas consultados se mostraron “descontentos” y “preocupados”.
El primero en mostrar su descontento fue el ex viceministro de justicia Rafael Nieto, quien aseguró que la asesoría de Garzón para entenderse con los organismos internacionales que hacen reclamaciones al país “es un reconocimiento tácito de que (el Gobierno) no confía en los expertos colombianos”.
Nieto no solo rechazó la idea, sino que además sostuvo que está en desacuerdo “con la tesis universal de Garzón en materia de Derechos Humanos y DIH que, en mi opinión, es peligrosa y no conveniente para lo que el Gobierno de Santos piensa”.
Asimismo, el ex magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria estuvo en desacuerdo con la idea y dijo sobre la asesoría del juez español en Colombia que “me parece más espectacular que otra cosa”.
“No se necesita de una asesoría porque aquí existen profesionales tan competentes para asesorar al Gobierno en ese tipo de consultas. Lo que pasa es que nadie es profeta en su tierra; entonces le pueden creer más a Garzón que a muchos otros juristas que podrían cumplir esa tarea en Colombia”, señaló Gaviria, quien no descartó que esta colaboración de Garzón pueda ser mal visto por la rama judicial colombiana.
“Esto puede ser mal visto, puesto que es una muestra de subdesarrollo mental creer que en este tipo de materia necesitamos ayuda extranjera o conceptos españoles cuando hay juristas de una gran talla en Colombia que pueden hacer este trabajo”, aseguró Gaviria.
MALA DECISIÓN
Por su parte, el analista internacional Vicente Torrijos aseguró que, según su opinión, “esto se trata de un interés absolutamente partidista del socialismo español por recompensar desde el gobierno de ese país a quien ha sido desde todo punto de vista un juez totalmente politizado y favorable con esa corriente ideológica”.
Según Torrijos, el hecho de que Colombia “pase a solucionar” los problemas internos del juez Baltasar Garzón en España, “nos impondría severamente ante el que bien podría ocupar el próximo gobierno de España, es decir el Partido Popular”.
“De tal modo, cualquier logro parcial que podríamos obtener en este momento, se convertirían en un bumerán que, lejos de representar una ventaja, podrían ser un problema fenomenal para nuestra futura política exterior”, concluyó Torrijos.
Finalmente, el analista internacional Enrique Serrano dijo que “no me parece conveniente” que el juez Baltasar Garzón preste asesoría en Colombia, sobre todo “desde que en los últimos tiempos el juez español no pasa por sus mejores años”, puesto que está siendo investigado en su país.
Frente a dicho tema, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, aseguró que Colombia no se referirá a las dos investigaciones que cursan contra el Juez. “No vamos a entrar a mirar ningún tema interno de España”, aseguró y añadió que el juez Baltasar Garzón apoyará al gobierno Colombiano en cooperación judicial.
“Queremos fortalecer las respuestas que le damos a los organismos internacionales y creemos que el Juez es una persona con un gran conocimiento para estos temas y ha sido un ofrecimiento del Gobierno español”, aseveró Holguín.
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