Antioquia, un caso crítico de trashumancia

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, puso el dedo en la llaga hace una semana cuando informó que los entes de control investigan 50.000 cédulas por trashumancia en Antioquia. A esta declaración se le sumó la del registrador Carlos Ariel Sánchez, quien subrayó que para evitar riesgos de manipulación y fraude “el proceso manual de inscripción de cédulas debe desaparecer”.
La trashumancia electoral ha sido uno de los dolores de cabeza más fuertes que han tenido las autoridades a dos meses de las elecciones y tres meses después del cierre del proceso de inscripción de cédulas.
Según el procurador Ordóñez, la situación en Antioquia es preocupante: “Hay más de 250 denuncias en materia de trashumancia electoral, denuncias por la inscripción de más de 50.000 cédulas. La investigación de esas denuncias no son competencia de la Procuraduría sino del CNE. Desde luego, estamos haciendo todos los acompañamientos correspondientes porque la trashumancia es una forma de afectar la transparencia electoral”.
Sin embargo, a pesar de lo evidente de la situación y de que la Misión de Observación Electoral en Antioquia denunciara que en 22 municipios se presentó un incremento injustificado de inscripción de cédulas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) afirma que la responsabilidad sobre estas denuncias está en la Fiscalía