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Aprobada la ley de acceso a la información pública

En la tarde de este martes fue aprobado el proyecto que le brinda las herramientas a los ciudadanos para que puedan pedir cualquier información estatal, con excepción a aquella que choque con la seguridad nacional o con la privacidad de los funcionarios que allí laboran.

El articulado dispone que “todos los funcionarios públicos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la información en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley”.

El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Carlos Fernando Galán, afirmó que “busca básicamente que la información con la que cuenta un funcionario público sea colocada a disposición del ciudadano de manera fácil, ágil de todas maneras creemos que esto va a permitir cambiar un poco el concepto de servidor público”.

Así mismo, afirmó que “tengo la convicción que la luz del sol es el mejor desinfectante contra la corrupción por lo tanto que los ciudadanos tengan acceso a la información pública nos  va a permitir generar un control adicional a la corrupción”.

Galán dijo que este proyecto complementa muy bien el marco normativo que existe en temas de transparencia como el estatuto anticorrupción, la ley antitrámites. De la misma manera señaló que “esta ley además va a facilitar al ciudadano saber en qué cargos están trabajando las personas públicas, conocer las escalas salariales, las decisiones que ha tomado una autoridad”.

La entidad encargada de vigilar que los funcionarios cumplan con su deber será la Procuraduría.

Por su parte el senador Germán Navas Talero, del Polo Democrático afirmó que “esta ley le sirve fundamentalmente a la prensa porque esas respuestas evasivas que daban los funcionarios ya no se darán más. Cuando un funcionario no entregue un documento debe explicar de manera clara por qué ocultan esa información. Mete en cintura a los servidores públicos”.

Así mismo el parlamentario afirmó que la iniciativa “hace más perentorios y obligatorios los términos y le pone un poquito más de uñas al derecho de petición”.

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