Aprobado el Estatuto Anticorrupción

Tras nueve plenarias en la Cámara de  Representantes, tres de ellas dedicadas al tema de los impedimentos, el Estatuto Anticorrupción fue aprobado anoche en su último debate y pasará a conciliación  de comisiones de Senado y Cámara, donde quedará un texto que deberá ser firmado por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos.
     “Que esfuerzo esta vaina”, fue la primera reacción del ministro del Interior y de Justicia,   Germán Vargas Lleras, ante la aprobación en Cámara del articulado.  El funcionario  explicó que “nos ha tocado trabajar con intensidad, terminaron aprobados 140 artículos,  cada uno de ellos es un instrumento para luchar contra la corrupción, atendimos todos  los llamados de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, dotando a estas entidades de  posibilidades enormes para acelerar los procesos y luchar contra la corrupción”.
     Así mismo, el Estatuto Anticorrupción contiene un capítulo completo de normas para  enfrentar la corrupción que le pondrá orden a los contratos de obras públicas, a los  anticipos, a las adiciones, las licitaciones y también pone en cabeza del presidente de la  República la responsabilidad de coordinar toda la política anticorrupción en el país.
     Vargas Lleras afirmó que “no solo es una política de Gobierno sino una política de Estado,  dota a los ciudadanos de mejores instrumentos para ejercer un adecuado control y  establece regímenes severos”.
     Otro de los aspectos que se entrará a regular con la iniciativa es el que establece que  quienes financien campañas políticas queden inhabilitados para contratar con las  entidades públicas. Así mismo, queda habilitada la norma para que el Procurador pueda  revisar sentencias una vez proferidas.
     En el caso de la llamada puerta giratoria se aprobó que quien haya desempeñado  funciones de dirección, no podrá, una vez deje el cargo, ir a trabajar en el sector en el  cual tomó decisiones durante los dos años siguientes.
     En cuanto a la financiación de campañas, se estableció que quienes las financien,  quedan impedidos para contratar con la respectiva alcaldía, gobernación o sus entidades  descentralizadas durante el periodo durante el cual su candidato fue elegido, “se termina  así lo que podríamos definir como la captación de las entidades públicas por parte de los  contratistas”, señaló el jefe de la cartera política.
     Así mismo, los beneficios penales se acaban para quienes cometen delitos contra la  administración pública, el único beneficio es el que provenga de la colaboración, siempre  y cuando esté acompañada de la reparación, “de resto no habrá más casa por cárcel”,  señaló Vargas Lleras.
     Un aspecto importante es el de los agentes encubiertos. Según  el ponente del proyecto, el  representante Germán Varón, sus acciones aparentemente ilícitas, deben ser informadas  a la Fiscalía y no podrá “causar daños. También está exento de la acción penal porque es  la única manera de poder infiltrar esas acciones criminales y obviamente el funcionario  que sea venal, pues tendrá problemas con la justicia”. Varón aclaró que los agentes  encubiertos “son miembros de la Fiscalía dirigidos directamente por la Fiscal General y  solamente en aquellos casos en los que haya un proceso judicial”.
     El congresista explicó que si ese estatuto estuviera vigente, habrían delitos contra la  administración que no tendrían casa por cárcel, que no tendrían beneficios o subrogados  aplicables”.