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Así es el lío de tierras que hoy tiene en problemas a Emilia Fadul

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El objetivo principal era apoderarse de un predio de 52 hectáreas, 12 de estas en una isla, con el que la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca, iba a indemnizar  63 campesinos que habían resultado perjudicados por el paso de líneas de alta tensión que provocó enfermedades en sus animales.

Se trata de un predio ubicado en el sector de Mamonal, en el kilómetro 56 de Cartagena, cuyo lío jurídico llega a los 14 mil millones de pesos y por el que se abrieron 13 procesos por la no indemnización de los 63 trabajadores rurales.

Asunto que ahora tiene a seis nuevos capturados, que de acuerdo con la exposición que realizó la Fiscalía, durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en Bogotá, se unieron en una empresa criminal para hacerse de ese terreno, fraccionarlo e hipotecarlo.



IMPLICADOS

En el caso, se encuentran implicados el notario décimo de Barranquilla para la fecha de los hechos (2009), Álvaro Ariza; la registradora de Instrumento Públicos de Cartagena, Emilia Fadul; el juez primero promiscuo de Mompox, Orlando Puello; el particular, Luis Alberto Ballestas; el abogado Argemiro Lafont Díaz y el ex gerente de Corelca, Julio Alberto Mendoza; de los cuales ninguno aceptó cargos y deberán ir a juicio.



INICIOS

De acuerdo con la Fiscalía,  el ex gerente de Corelca, Julio Alberto Mendoza, inició labores para hacer la negociación sin dar informes a la junta directiva, sin obtener el informe externo necesario, ni contar con la participación  de la Procuraduría.

“Y ya en un acuerdo con Lafont Díaz, apoderado de los demandantes, sustituye el poder que le había entregado al señor Luis Alberto Ballestas para que lo represente en las diligencias del proceso”.

Ballesteros, un particular, que no era abogado, pasó a tener poder –señaló la Fiscalía- para firmar escrituras de ventas y voz en el proceso. Ese poder fue presentado al juzgado promiscuo de Mompox el 24 de agosto de 2009, cuando su titular era Orlando Puello, también detenido.

Así, sin aprobación de la junta directiva de Corelca, señaló la Fiscalía, se “firmó un acuerdo conciliatorio del 1 de septiembre de 2009 entre le señor Mendoza y Ballestas, apoderado sustituto de Lafont”. Y en ese acuerdo, se habrían comprometido, según la Fiscalía, a solicitar la suspensión de los 13 procesos legales que había sobre el predio.

Así, se suscribió supuestamente una promesa de pago entre Mendoza, Ballestas, y otra persona de apellido Duque Castillo que actuaba también, según la Fiscalía como sustituto de Lafont. 

Esa promesa era para transferir el dominio del lote y repartírselo. “75 por ciento a favor de Ballestas y el 25 por ciento a favor de Duque Castillo, cedido”.



LA ESCRITURA

Luego de firmar otra promesa de transacción, se  lleva una escritura, la 2552 de septiembre 9 de 2009, de dación en pago del citado terreno ante la notaría décima de Barranquilla y la firma una persona distinta al entonces titular, Álvaro Ariza.

Según la Fiscalía, esa escritura en la que  Ballestas y Duque aparecen firmando a nombre propio como si fuesen los dueños, fue suscrita por una persona que, se acreditó y no estaba como encargado; por tanto, carece de autenticidad, de ahí nació la imputación del delito de falsedad en documento público. Mendoza habría dejado de ir a la junta directiva y en noviembre de 2009 fue retirado de sus funciones.

En su intervención, la Fiscal del caso señaló que Lafont empezó a involucrarse en los actos delictivos cuando solicitó al juez de Mompox que parara los 13 procesos, incluyendo información como la escritura “falsa” y la conciliación, viciada para la Fiscalía, porque quienes la hicieron no tenían facultades.

De acuerdo con la Fiscalía, el nuevo gerente de Corelca envió al juez un memorial señalando las actuaciones irregulares y aún así el juez habría emitido un auto del 5 de noviembre de 2009 en el que se dan por terminados los procesos.



LOS EMBARGOS

Lo clave en este caso es que supuestamente el juez sabía de todos los hechos irregulares, aún así levantó los embargos y las medidas cautelares a los bienes de Corelca.

“No era posible que un juez asumiera esa determinación cuando esa escritura de dación de pago aun no se había registrado, que era falsa. Esa situación dio  lugar a que más adelante se continúe con un afán de conseguir ese registro. Entonces la Dian oficia a la oficina de instrumentos públicos para que inscriba un embargo a Corelca sobre ese mismo bien”, señaló la Fiscal del caso.

Ahora, mientras se insistía para que la oficina de instrumentos públicos registrara la escritura, Ballestas y Duque, sin ser supuestamente los dueños del terreno, lo fraccionaron, sin tener el permiso e hicieron una promesa de compraventa de seis hectáreas por 4200 millones de pesos.



ENTRA EMILIA FADUL

Y en este punto habría entrado a jugar la registradora Fadul, pues sería la pieza que faltaba para poder materializar la venta. “Sin su actividad no hubiese sido posible ese apoderamiento”, dijo la fiscal al registrar la cancelación de las anotaciones de embargo contra el terreno citado el 27 de marzo de 2010. A juicio de la defensa, ella lo hizo por orden del juez de Mompox.

Además, ese mismo día Fadul habría inscrito el registro de la escritura falsa en actuación que para la Fiscalía es contraria a la ley.

“Ella se concentró después, para contribuir eficientemente y que estas dos personas se apoderaran indebidamente de un bien desconociendo todos los deberes que tenía como funcionaria”, dijo la fiscal en la solicitud de medida de aseguramiento.



DATO

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los seis detenidos continuará en el complejo de Paloquemao este miércoles en Bogotá.

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