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Así es la reglamentación de la reforma política que radicó el Gobierno

Tras poco más de dos semanas y media de discusión, el Gobierno nacional, en cabeza del ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, y en compañía de representantes de los partidos de la unidad nacional, radicó el proyecto de ley estatutaria que reglamentará la reforma política de 2009.

El jefe de la cartera del Interior y de Justicia expresó que el Gobierno Nacional espera que esta iniciativa se convierta en Ley de la República, “que vaya al control de la Corte Constitucional y rija para las elecciones del año 2011”.

Adicionalmente expresó que en marzo avanzará hacia la radicación del Acto Legislativo de reforma política de fondo que ya no regirá para las elecciones del 2011 por cuestiones de tiempo.

Sobre el tema, Vargas señaló que el proyecto pretende establecer una serie de normas para “dotar de transparencia a los procesos electorales en Colombia” mediante la aplicación de medidas especiales para regular la financiación de los partidos y la actuación de los candidatos en el marco de las competencias por cargos públicos.

Dentro de las medidas destacadas en la ley estatutaria se destaca la que estipula que la financiación de las elecciones se dará mediante anticipos a los partidos. A su vez, también pretende establecer la posibilidad de que se les retire el aval a candidatos que violen los topes de financiación y permite la asociación política de partidos en el marco de las coaliciones electorales mediante medidas específicas.

El alto funcionario celebró que esta iniciativa haya sido suscrita por todos los partidos políticos que participaron en las deliberaciones.

El proyecto presentado ante la Secretaría de la Cámara de Representantes se suma a las otras iniciativas clave que deben transitar por dicha corporación legislativa. Se espera que esta semana la Comisión Primera de la Cámara abra la discusión en torno al tema de la separación de ministerios, mientras que la semana siguiente las leyes Ordenamiento Territorial y de código contencioso administrativo tengan ponentes asignados.

A estas se les suman los trámites de reelección de alcaldes y gobernadores y restitución de tierras.

LA REFORMA
El documento como tal incluye una serie de medidas encaminadas a garantizar la transparencia electoral en temas como organización y funcionamiento de partidos, financiación de campañas y regulación de actuaciones de candidatos en el marco de las campañas mismas y aspectos electorales generales.

PARTIDOS
Sobre el tema de funcionamiento de colectividades políticas, en el documento sobresale la reafirmación del derecho de asociación de partidos, movimientos y grupos con fines políticos.

Determina que las consultas internas de los partidos deben ser realizadas el mismo día y mediante el mismo procedimiento del voto. Esto, según miembros de la mesa, “con el fin de evitar incrementos de costos en los procedimientos electorales”.

Además contribuye a evitar las transhumancia electoral mediante el control del voto del ciudadano, dado que el registro de votantes impide que un militante de determinado partido pueda intervenir en los resultados de otra consulta haciendo doble ejercicio de su voto.

Estipula la responsabilidad política del partido con relación a las actuaciones o eventuales violaciones a la ley de los candidatos así como al quebrantamiento de normas tales como los topes de financiación de campañas.

Además, las colectividades son responsables por vigilar las calidades morales del candidato, lo cual, en caso de comprobarse eventuales condenas o irregularidades, le acarreará sanciones que van desde multa hasta cancelación de la personería jurídica y/o su disolución.

FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS
Aunque se mantiene la posibilidad de fuentes de financiación mixtas para las campañas, la principal modificación en la materia se da en cuanto a que ahora los recursos para las campañas se manejarán mediante anticipos administrados por el partido. Éste equivaldría al 50% del monto máximo de los gastos que se puedan realizar en las campañas respectivas.

En este marco, el proyecto establece que todos los recursos de las campañas deberán ser manejados en una cuenta corriente única que esté a nombre del partido, lo cual permite ejercer las funciones de control y vigilancia de todas las transacciones en el marco electoral por parte del CNE.

La distribución del Fondo de Financiación Política, que serán los recursos de cada partido, se hará a través del principio democrático al interior de estas organizaciones. Esto obliga a las colectividades a concretar la repartición de recursos mediante la realización de convenciones o asambleas que faciliten la participación de sus miembros en la toma de decisiones.

Adicionalmente este tema pretende bajar los costos de las campañas mediante la imposición de figuras como la pérdida del cargo y de la investidura por violación de los topes máximos de gastos establecidos para financiación.

CAMPAÑAS
El proyecto estipula también que las colectividades con personería jurídica, y grupos significativos de ciudadanos que promuevan el voto en blanco en las campañas para cargos o corporaciones de elección popular, podrán realizar propaganda electoral en las mismas condiciones fijadas para las demás opciones.

Por otro lado, se refiere tangencialmente al tema del voto electrónico al ratificar su obligatoriedad sin aclarar fecha límite para su aplicación, más si determina la obligatoriedad de la identificación biométrica del elector.

SOBRE PROCESO ELECTORAL
Dentro de las últimas medidas establece la novedad de que las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares comenzarán el escrutinio el mismo día de las elecciones a partir del momento del cierre del proceso de votación, es decir, 5 de la tarde, hora hasta la que irán los procesos.
Esto presupone una ampliación del plazo de votación de una hora después de lo estipulado gracias a la ley de voto bajo techo.

Por último, según informo el asesor técnico del proceso, Juan Fernando Londoño, se creará la Unidad Nacional de Delitos contra los mecanismos de participación democrática, con el fin de investigar y sancionar los delitos contra los mecanismos de participación ciudadana. Esta estará a cargo de la Fiscalía General de la Nación.

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