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Avanza aprobación de la reforma a la justicia

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El proyecto de ley de reforma a la justicia es debatido en la noche de este miércoles en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde cumple su séptimo debate.

La discusión del proyecto arrancó con una acalorada discusión entre el representante de del Partido Conservador Humpey Roa y el Gobierno Nacional sobre el financiamiento que se va a dar a la rama judicial para la descongestión del sistema.

Según Roa, “lo que propone el Ministerio de Hacienda es inconveniente para la justicia porque si el Gobierno mete la mano, la justicia no es autónoma. En el momento en que el Gobierno tenga que estar girando los recursos para la compra de un computador o un lápiz, o para sacar en arriendo una oficina para que funcione la rama judicial, ya estaríamos perdiendo totalmente la independencia y la autonomía”.

Ante esas declaraciones, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo que nunca el Gobierno nacional ha pretendido limitar o recortar la autonomía de la rama judicial en el manejo y administración de sus recursos.

“He oído algunas inquietudes que se refieren a que la forma como está planteada la propuesta implicaría una limitación a la autonomía que tiene la rama judicial para el manejo de sus recursos, de lo que por supuesto no se trata. Esa no ha sido nunca la intención del Gobierno nacional, esa no es la intención del Congreso. La forma como ha quedado planteado el proyecto de artículo es una fórmula que hemos venido concertando, discutiendo, debatiendo y construyendo con los ponentes”, aclaró el Esguerra.

COBRO DE ARANCEL JUDICIAL, ELEVADO A RANGO CONSTITUCIONAL

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, explicó que se trata de dar canon constitucional al esquema de financiación de la administración de justicia por la misma razón que también hay otras cosas que están consignadas en la ley –algunas estatutarias–, y “no obstante se ha considerado que resulta bueno apuntalarlas consagrándolas a nivel constitucional”.

“El arancel ya existe en Colombia y está establecido en la ley. Se trata de elevarlo a canon constitucional como una forma de administración de justicia”, aseguró.

En ese sentido, la queja del Polo Democrático Alternativo no se hizo esperar. El representante Germán Navas Talero dijo que ahora se podrá cobrar por cualquier acto de administración de justicia.

Según él, a los colombianos les cobrarán por acceder a la justicia.

El artículo 12 establece lo siguiente: “Se garantiza el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia. La ley indicará en que casos podrá hacerlo sin la representación de abogados. La ley establecerá los asuntos en que podrá cobrarse arancel judicial, así como la estructuración, destinación y causación de dicha contribución”.

Otro de los artículos aprobados confirma que el juicio político de los altos dignatarios lo deberá hacer el Senado de la República por petición de la Cámara de Representantes.

Según lo aprobado, corresponde al Senado de la República “adelantar el juicio político contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, y contra el Vicepresidente de la República previa solicitud de la Cámara de Representantes”.

Así mismo al Senado le corresponderá adelantar el juicio político contra el Fiscal General de la Nación y los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado previa solicitud de la Cámara de Representantes.

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