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Balance: es urgente reformar el sistema electoral en el país

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La financiación de campañas, la elección de candidatos con votaciones mínimas y la falta de garantías son asuntos para revisar en el sistema electoral. Con la instalación del nuevo Congreso se cierra el año electoral en Colombia. Sin embargo, las evidentes anomalías en las revisiones de escrutinios abren el debate de la reforma electoral.

Tras un año de elecciones tórrido, agitado y lleno de discusiones, el balance que hacen entidades, magistrados, candidatos y académicos confluyen hacia un solo punto: es necesario reformar el sistema electoral colombiano.
Escándalos relacionados con la financiación de campañas, la falta de garantías para la adecuada representación étnica, la elección de candidatos de listas cerradas con votaciones mínimas, mientras que aspirantes con más 30 mil votos se quedan por fuera y la falta de garantías de transparencia del proceso electoral en sí mismo son asuntos para mirar.
Para el especialista en temas electorales y ex magistrado del Consejo Nacional Electoral Antonio José Lizarazo la principal característica del sistema hoy es la vulnerabilidad: “Las reglas de juego, entendidas desde la normatividad como tal, hasta el respeto a las normas, no son fuertes”.

Crisis de legitimidad
Otra de las voces autorizadas en el tema es la del actual magistrado y ex presidente del CNE, Marco Emilio Hincapié. Para él, el sistema electoral se enfrenta a una crisis de legitimidad a causa de la falta de actualización, situación que lo llevó a concluir desde el pasado mes de abril que “esta haciendo agua”.
Según Hincapié, la organización electoral no puede seguir cargando la presión `política y social en la que lo pone el diseño actual, pues la suma de normas “no dota de transparencia ni claridad al proceso”. Para algunos candidatos y apoderados legales de candidatos, las revisiones son una muestra de ello.
Para el magistrado liberal, con las normas actuales “el que tiene más plata es el que se ubica en un cargo”; como ejemplo de tal situación puso las votaciones en el Valle del Cauca, de las cuales citó casos como la financiación irregular de campañas y el “inusitado incremento de votos de candidatos sin forma justificada”.
Por su parte, para el observador internacional José Thompson, director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), a pesar de las irregularidades es notorio que “la política se ha revitalizado, pues así lo demuestra el alto número de aspiraciones y candidaturas”.
Sin embargo, Thompson dice que es necesario que el Estado colombiano “invierta en nuevos mecanismos de selección, para asegurar legitimidad en la representación”. De acuerdo con el director de Capel, es necesario que se reforme el sistema electoral de fondo, para evitar “distorsiones políticas como las candidaturas únicas y la coacción sobre candidatos y electores”.
Además, puntualizó la necesidad de impulsar la participación de la mujer, pues “este es un país donde el 50% que elige no tiene la posibilidad de ser elegido”.

Voto preferente
Una de las opiniones más repetidas en las voces autorizadas que hablan de la reforma o de reestructuración sugiere efectuar una reforma que contemple la realización de elecciones primarias, con el fin de darle coherencia a los procesos de elección.
En relación con este tema, Thompson opina que el voto preferente vuelve “complejo el proceso electoral en temas como el escrutinio y el preconteo y da pie a hechos de corrupción”. Según el investigador, las listas abiertas dan lugar, entre otras cosas, a irregularidades como el hecho de que tarjetones marcados únicamente por el partido puedan ser llenados como si fueran de voto específico por candidato.
Para la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Adelina Covo, a cambio del uso del voto preferente, en la reforma que debe ser pensada, al sistema electoral debe aplicársele la realización una consulta interna obligatoria para todos los partidos y movimientos políticos.
Estas elecciones, de acuerdo con la Presidenta, deberán celebrarse el mismo día para todas las colectividades, partidos y movimientos que vayan a presentar candidatos a elecciones de corporaciones públicas. Dicho proceso sí contemplaría el voto preferente como mecanismo de conformación de las listas que cada partido presente el día de las elecciones.
Para la magistrada, la aplicación de unas elecciones internas tendría como fin determinar “la posición de cada candidato en las listas de acuerdo con su votación, a manera de elecciones primarias”. Posteriormente se podrían efectuar los comicios definitivos para cada una de las corporaciones con lista cerrada, y elegir así a los parlamentarios, diputados y concejales.
La ventaja de este proceso, según la Presidenta del CNE, es que su implementación conduciría “al fortalecimiento de los partidos políticos en Colombia”, de los cuáles expresó “son instituciones fundamentales en la democracia”.

Reforma electoral
Otro aspecto que tocan los especialistas es la reforma a las leyes electorales. Según Lizarazo, en el actual orden electoral hay una discontinuidad entre las normas y la realidad de las elecciones, por eso no duda en afirmar que el actual sistema es “una colcha de retazos, vacíos y contradicciones en la que las normas quedan sueltas a la interpretación”.
Por esta razón, propone una serie de puntos que deben ser considerados en una “reforma estructural”. Uno de esos es que las mismas normas rijan las consultas populares y el resto de elecciones. Para Lizarazo, el hecho de que no se presente unidad en las leyes marco para procesos electorales es un problema, pues “el CNE, a falta de una normatividad organizada ha entrado a regular asuntos que le corresponden al Congreso, como los topes de gastos en las campañas”.
Sobre este tema, la presidenta Covo estima vital presentar un proyecto de Ley Estatutaria para construir un nuevo Código Electoral. “Creemos que el actual es anacrónico, que no se compadece con el momento histórico y que lejos de ser un instrumento que permita encausar de forma efectiva los desafíos del sistema electoral, genera problemas y ambivalencias que entorpecen su funcionamiento”.
Las leyes vigentes en Colombia datan de 1986, para el caso del código electoral, el cual inclusive es anterior a la Constitución de Política y se refiere en partes a papeletas y no a tarjetones, como los que se usan en la actualidad.
Otra de las normas que deben ser tocadas es el Estatuto de Participación, Ley 134 de 1994 y la Ley 130 del mismo año, que regula lo concerniente a las actuaciones de los partidos políticos en el marco de procesos electorales.
El tema del código electoral es de especial consideración. Para Sánchez, no se puede concebir que los partidos y actores políticos sigan funcionando con normas que no reflejan los mecanismos reales de actuación de partidos.

Voto electrónico
Otro de los temas calientes es la posibilidad de implementar el voto electrónico.
Según especialistas, apoderados y candidatos, usar mecanismos de votación tecnificados reduciría el margen de manipulación de documentos electorales y ayudaría a cerrar el margen de fraude en un proceso que se presume débil en cuanto a transparencia.
De acuerdo con el apoderado Alejandro Montes “el sistema electoral colombiano está diseñado para ser implementado en la Plaza de Bolívar”. Según él, el exceso de papeletas y la alta rotación de formularios a la par de normas como los límites de tiempo para la entrega de documentos electorales previo al escrutinio es algo “ridículo”, pues no contempla contingencias como las dificultades de transporte y la demora de jurados.
Para el especialista en derecho electoral José Vicente Sánchez, “el voto electrónico podría ayudar a reducir la complejidad del proceso y el margen de intermediación que propicia fraudes”.
En el mismo sentido se ha pronunciado el Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, quien considera que es vital que se implementen mecanismos de elección “que garanticen la transparencia”. Según el Registrador, la implementación de tecnologías “no complica el proceso de votación, pues el elector no tiene que saber de manejo de tecnología, sólo tiene que saber cómo vota”.
Sin embargo sobre el tema, afirmó en entrevista a Colprensa, que es claro que “hay gente y organizaciones interesadas en saber qué pasa con el voto, qué pasó con el sufragio, qué pasó en tal mesa y en que los fraudes y las alteraciones no se detecten más rápido”.

Reforma estructural
De acuerdo con ex magistrado del CNE Antonio José Lizarazo, del actual momento resalta la incapacidad del sistema político de avanzar en una reforma estructural en materia electoral, lo que ha causado “una serie de reformas coyunturales que no tejen soluciones de fondo”. Según el ex magistrado “la reforma política de 2009 (con la serie de nuevas facultades de revisión que le otorgó al CNE) son una expresión de ese hecho”.
Otro ejemplo que cita el especialista es que no haya diferenciación clara en las normas electorales entre proselitismo político y campaña, por lo que no hay transparencia sobre los asuntos relacionados con la financiación de campañas y candidatos.
Por último, resalta la complejidad de la tarjeta electoral que actualmente se maneja lo cual, aclaró, “no es una responsabilidad de la Registraduría, sino de la no ejecución de una reforma que contemple temas como unas elecciones primarias para partidos”.

Magistrados
A propósito de las revisiones, el especialista Lizarazo señala como importante que en una reforma electoral se contemplen temas como “la revisión del procedimiento de elección de los magistrados del CNE”, con el fin de impermeabilizar el funcionamiento de la Corte Electoral de presiones políticas.
Según el ex magistrado, el origen partidista de cada uno de los miembros de la Consejo supone complicaciones en la resolución de líos electorales, pues la potestad discrecional de revisión de los magistrados no garantiza imparcialidad política.
Para Lizarazo una propuesta sería cambiar el origen de la postulación y elección de los magistrados, “que postule el congreso y que elijan las altas cortes”, propone.
En este tema diverge la Presidenta del CNE, quien afirma que la discusión no se debe situar en ese punto, pues “los magistrados de las altas Cortes también son elegidos por el Congreso sin mayores inconvenientes”.
Uno de las propuestas que hace la magistrada, quien también es ex directora del ICBF y ex Viceministra de juventud, es que a quienes sean electos para ocupar una silla en el CNE, “se les de un periodo de ocho años, con el fin de garantizar continuidad y transparencia en el trabajo o que los periodos de los nombramientos de los magistrados no coincidan con años electorales”, con el fin de evitar conflictos de intereses.

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