Casos de congresistas en manos de la Fiscalía se devolverían a la Corte Suprema

Son dos las decisiones que tienen en choque a la Corte Suprema y al Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) y que reabrieron el debate sobre el fuero del congresista: la jurisprudencia sobre la competencia de juzgar a los parlamentarios y la libertad del representante Iván Díaz Mateus. El pasado primero de septiembre la Corte Suprema tomó una decisión que, al parecer, definiría el futuro judicial de los senadores y representantes a la Cámara que renunciaron a su fuero: “Mientras una persona sea congresista será investigada por la Corte Suprema por cualquier delito; sin embargo, si ha cesado su cargo, entonces sólo será juzgada por esa alta corporación judicial si se trata de delitos relacionados con el cargo”, dice la nueva jurisprudencia. Pese a ello, aún no se tiene claro cuál es el juez natural que deberá investigar a los congresistas que ya están siendo procesados por la Fiscalía por delitos relacionados con su función, pero que renunciaron a su fuero. También hay incertidumbre sobre lo que pasará con los ex congresistas cuyos casos fueron fallados por la justicia ordinaria, por delitos cometidos mientras tenían fuero. Lo que sí está claro es que esa decisión ya sienta un precedente para que de aquí en adelante la Corte sea la encargada de investigar a congresistas que cometieron delitos relacionados con su cargo, así renuncien a su fuero. “Todos los casos similares o parecidos seguirán el mismo curso. Claro, habrá que estudiar cada uno”, confirmó el presidente de la Corte Suprema, magistrado Augusto Ibáñez. LA JURISPRUDENCIA Esta jurisprudencia fue impartida luego de que el representante a la Cámara Edgar Eulises Torres presentara su renuncia al Congreso- después de su captura, el pasado 31 de agosto, por presuntos nexos con paramilitares- aduciendo que por este hecho ya había perdido su fuero y por tanto, debía ser investigado por la Fiscalía. Debido a que este argumento coincidió con el de otros congresistas capturados, esta determinación -como lo explicó el vicepresidente del alto tribunal, Jaime Arrubla- fue tomada para que los parlamentarios vinculados penalmente no “evadan” a la Corte Suprema. Frente a esto, la Corte Suprema, en cabeza de Ibáñez, señala que: “Si bien la Corte sostuvo en ocasión anterior que esas conductas objeto de investigación no guardan relación con las funciones desempeñadas, lo cierto es que puede cambiar su postura sin que con ellos vulnere derecho alguno ni atente contra el debido proceso”. CASOS QUE ESTÁN EN FISCALÍA El alto tribunal no descarta la posibilidad de hacerse cargo de casos que salieron de la Corte y que están en juzgamiento, como el de los ex senadores Mario Uribe, Zulema Jattin, Álvaro García, Carlos García y William Montes y del representante Rubén Darío Salazar, entre otros. “La Corte no está absolviendo competencia, va a estar en un debate sobre hasta dónde va el alcance de la última jurisprudencia y se tomarán las medidas correspondientes. Se evaluarán casos anteriores a la decisión de la Corte”, precisó el magistrado Ibáñez. Tras la decisión también podría suceder que la Fiscalía envíe los procesos sin necesidad de que la Corte lo ordene. CHOQUE POR LA DECISIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR Días antes de que se emitiera esta jurisprudencia, una decisión de la Sala Disciplinaria, que ordenó la libertad al senador Iván Díaz Mateus, porque -según su criterio- hubo un error de competencias, pareciera contradecir a la Corte Suprema. Díaz Mateus había sido condenado por la Corte Suprema a 6 años por el delito de concusión. Para romper con esta condena, el CSJ aprobó una tutela interpuesta por el afectado para que se revocara la condena. El argumento del Consejo para aprobar ese recurso fue el siguiente: “[…;] La autoridad que dictó la providencia carecía, en forma absoluta, de competencia para conocer de un asunto. Así entonces, es necesario precisar que cuando los jueces desconocen su competencia o asumen una que no les corresponde, sus decisiones son susceptibles de ser excepcionalmente atacadas en sede de tutela, pues no constituyen más que una violación al debido proceso”. Para el CSJ, Díaz Mateus había perdido el fuero, porque se encontraba de licencia para los días de los hechos inculpados. Para la Corte Suprema, lo que único que esta corporación está haciendo es cumplir su función y las decisiones que se tomaron en el caso de Díaz Mateus quedan vigentes, por lo que la sentencia está en firme. “Invito al país a reflexionar que estamos hablando del cumplimiento de funciones y el control de la Corte sobre la macro-criminalidad”, argumentó el Presidente de la Suprema. Este fallo aún sigue siendo fuente de debate y de incertidumbre, porque podría abrir las puertas a que muchos congresistas tutelaran su fallo por falta de competencia para obtener su libertad, desvirtuando así la jurisprudencia de la Corte Suprema. La solución está en manos de la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse y confirmar o refutar los argumentos del CSJ. Si los confirma, será entonces “un mensaje para los congresistas y un hueco por donde podrían evadir sus delitos, generando así impunidad política”, sostuvo la presidenta de La Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios. Si lo acepta, “sería una de las mejores decisiones para tratar de acabar con la crisis política en la que se encuentra el país y para que los partidos políticos sepan que deben depurar las listas”, agregó Barrios. OPINIONES CONTRARIAS Contrario a la anterior opinión está el abogado Arturo Robles, quien ha litigado en casos de ‘parapolítica’. Para él, la decisión de la Corte Suprema atenta contra la credibilidad y la confianza de la Fiscalía como ente judicial. “Desde el punto de vista constitucional, habrá que indagar hasta dónde se vulnera el debido proceso, porque el fuero lo tiene la persona mientras cumple su función”, dijo el jurista. Además, dijo que la jurisprudencia del fuero fue votada 5 a favor y 4 en contra, y que eso demuestra que no hay claridad en los conceptos. Por el contrario, para la Presidenta del MOE, la decisión de la Corte es “muy importante”, porque la mayoría de los congresistas le temían a ese tribunal”. Según Barrios, lo mejor para los casos que vinculan a congresistas y que están en la Fiscalía es que sean devueltos a la Corte. “Muchos parlamentarios aprovechan la interinidad en la que se encuentra el ente acusador y eso influye en que los procesos se lleven de manera seria. La Corte envió un mensaje claro al próximo Fiscal”, dijo Barrios, agregando que aunque el alto tribunal se había demorado en tomar la decisión, fue muy acertada y sinónimo de avance judicial.