Colombia no teme investigación de CPI, dice ministro

Colombia no teme una investigación de la Corte Penal Internacional frente a hechos cometidos por militares, afirmó el viernes el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra en respuesta a críticas del grupo Human Rights Watch a una reforma sobre el fuero militar.    El Estado colombiano tiene un sistema de justicia castrense con “la capacidad y entera disposición a llevar a cabo las investigaciones y juzgamientos contra miembros de la fuerza pública y hacerlos comparecer ante la justicia cuando resulten penalmente comprometidos”, dijo Esguerra en una carta dirigida a José Miguel Vivanco, director de HRW Américas.    
“No tiene Colombia inquietud alguno (sic) frente a la posibilidad de que ciertos hechos sean investigados por la Corte Penal Internacional, máxime porque habiendo suscrito el tratado de Roma, Colombia aceptó voluntariamente la jurisdicción de la Corte”, añadió Esguerra en su misiva de cuatro páginas y divulgada al final de la jornada en un correo electrónico del ministerio.    
El lunes pasado, Vivanco dirigió una carta al presidente Juan Manuel Santos expresando la preocupación del grupo por la reforma del fuero y advirtiendo que Colombia se expondría a ser investigada por la Corte Penal Internacional en caso de aprobar una reforma sobre el fuero militar como parte de una modificaciones al sistema judicial que debate actualmente el Congreso.    
El cambio “revertiría gravemente los avances recientes logrados por Colombia para asegurar que se juzguen los abusos militares”, mientras “al prácticamente garantizar impunidad frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública, en última instancia, Colombia podría exponerse a la posibilidad de ser investigada por la Corte Penal Internacional, incluso en relación con los casos conocidos como falsos positivos” o como se llamó aquí a casos ejecuciones de civiles a manos de uniformados, dijo Vivanco en su carta al presidente.    
Pero Esguerra replicó que para “el gobierno colombiano es claro que la legitimidad de la fuerza depende de su apoyo intrínseco en la soberanía popular y en el orden jurídico...(y) no cabe atribuirle como una política la reprobable intención de implementar un sistema que 'prácticamente garantice impunidad”'.    
El fuero militar, o que los casos de faltas de uniformados sean juzgados por tribunales castrenses, está consagrado en la Constitución colombiana de 1991.    
En el 2006 por un acuerdo entre el entonces ministro de Defensa Camilo Ospina y el quien era el Fiscal General, Mario Iguarán, decidieron que todos los casos pasaran a la justicia ordinaria, que decidía si algún expediente era del ámbito estrictamente militar como rebelión, deserción, entre otros, según ha explicado José Gregorio Hernández, ex magistrado de la Corte Constitucional.    
En agosto pasado el gobierno del presidente Santos presentó al Congreso un proyecto de ley de reforma al sistema judicial y más tarde incluyó en ese texto un artículo sobre el fuero militar indicando que todos los actos cometidos durante operaciones “se presumen” están relacionados con actos del servicio.    
Activistas y legisladores colombianos de inmediato criticaron el articulado indicando que sería un retroceso porque todos los casos volverían a la justicia castrense, conocida por su lentitud y falta de condenas.    
El texto de la reforma judicial, que incluye el tema del fuero, recibió la madrugada del viernes la cuarta de las ocho aprobaciones que precisa en debates en el Congreso. Como las cámaras cesan sus labores este 16 de diciembre y las reanudan hasta marzo próximo, en su tradicional fin del primer período de sesiones, al proyecto aún le resta camino para su aprobación final.