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Comisión de Acusación sin soluciones a corto plazo

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En 2014 cuando termine la actual legislatura, probablemente el Congreso quedará en saldo rojo con sus electores en lo que a la Comisión de Acusación respecta, porque muy probablemente muchos de los casos que allí se adelantan no habrán avanzado o quedarán absueltos.

La razón es que esta Comisión pocas veces ha fallado en contra de ningún Presidente de la República, Fiscal General, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, miembro del Consejo de Estado o Consejo Superior de la Judicatura, quienes están sometidos al control de esta célula legislativa.

Lo más lejos que llegó fue en el año 1994, en el caso contra el ex presidente Ernesto Samper cuando logró llegar a la plenaria de la Cámara, en donde fue absuelto.

Aún si hubiese sido encontrado culpable, todavía hubiera hecho falta que llegara a la plenaria del Senado donde se hubiera sometido a un nuevo estudio.

Es por ése trámite tan engorroso que se le conoce como la ‘comision de absoluciones’, y es la misma razón por la que no se espera que alguno de los procesos que en ésta se adelanta, como el de el ex presidente Álvaro Uribe (ver recuadro), logre llegar a otro punto que no sea ser archivado o declarado inocente.

Respecto al tema, el politólogo y ex procurador Jaime Bernal Cuellar, manifiesta que la Comisión "durante muchos años no ha tomado ninguna decisión de fondo que pueda estar tratando de atribuir responsabilidad a alguna de las personas que han sido denunciadas ante esa célula legislativa".

Bernal agrega que "es un una comisión completamente congestionada que ha dejado acumular tal naturaleza de procesos o de evidencias que la ha hecho totalmente inoperante", por esa razón ha sido descalificada permanentemente.

"O se reestructura o es necesario buscar su eliminación para poder establecer algún organismo que pueda conocer las faltas disciplinarias y procesos que hoy se acogen" afirma el ex procurador.

Incluso algunos de los representantes que son abordados para hablar del tema prefieren evadirlo o en el peor de los casos manifiestan que no pueden dar declaraciones frente a procesos que por ley son de carácter público.

De hecho, los problemas que enfrenta esta comisión son de tal magnitud que en la legislatura anterior los miembros que la conformaban renunciaron, al considerar que las condiciones no eran óptimas para la importancia de los procesos que allí se manejan.

Según el secretario de la célula legislativa, Gonzalo Pinzón Pinzón, hay más de mil procesos que deben ser estudiados por los 15 representantes, cada uno de ellos con un promedio de entre 70 y 80 casos. "Es demasiado trabajo, solicitamos que se ampliara el número de abogados sustanciadores para efectos de poder evacuar con mayor celeridad".

En la Comisión cada representante investigador tiene un solo asesor por lo que resulta difícil cumplir con las funciones debido a que hay procesos tan complejos que demandan casi el tiempo completo del asesor, dejando de lado otros procesos.

Por tal motivo, algunos miembros del órgano legislativo, como el representante Camilo Andrés Abril manifiestan que "al ser una Comisión de Acusación, que está al mismo nivel de las tres cortes que tiene el país, debemos tener asesores que sean similares a los magistrados".

De igual forma el representante Alfredo Bocanegra, quien está a cargo de la investigación en contra del ex presidente Uribe, señala que "la comisión debería tener un presupuesto propio y cada congresista de los 15 debería contar al menos con un profesional del derecho penal y acusatorio experimentado".

Es tanto el atolladero de la Comisión que los expedientes se encuentran amontonados en los pisos de las oficinas y sin ningún tipo de control, por lo que Bocanegra manifiesta que “no sería de extrañar que un día se los lleven”.

Así mismo, los representantes han solicitado mayor seguridad ya que algunos de ellos han sido amenazados e incluso esta semana el secretario Pinzón informó a la policía sobre una chapa de la Comisión que fue encontrada averiada de forma extraña.

Pero más allá de las limitaciones en seguridad y de la planta física, está la experiencia de los miembros que conforman la Comisión, ya que 8 de los representantes no son abogados, 10 son representantes son primerizos y cuatro están siendo investigados.

Incluso el politólogo Alejo Vargas manifiesta que lo que preocupa en la comisión es la filiación política de sus miembros ya que "el gobierno de turno tiene mayoría en su composición y entonces es una Comisión que no tiene la suficiente independencia política para cumplir su función judicial".

"La mayoría de sus fallos para los temas que han tenido que ocuparse, han sido de tipo absolutorio" agrega Vargas.

Frente al tema, el secretario de la Comisión alega que "la mayoría de quejas que se presentan no tienen ningún sustento legal, ni jurídico y muchas veces son denuncias que presentan personas con rencores políticos o de otro tipo".

Ante la oscura situación que presenta la célula legislativa el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Zuluaga, ha manifestado que se necesitan "mayores herramientas financieras y un equipo técnico que tengan independencia en sus decisiones y frente a eso en la reforma a la justicia que se va a proponer, el tema de la Comisón debe ser parte fundamental del proyecto".

Así mismo, el representante del Polo Democrático Iván Cepeda, manifiesta que no solo se debe tramitar un cambio a través de la reforma a la justicia sino también en el estatuto de oposición porque "es necesario que cambie no solamente las reglas que definen la actuación de esta Comisión sino su composición de forma que esté integrada democráticamente".

La directora del programa Congreso Visible de la Universidad de los Andes, Mónica Pachón, concluye que uno de los grandes problemas de la Comisión es que la investigación se concentra prácticamente en una persona, mientras que en sistemas como el de Brasil "no existe permanentemente, es decir que una vez hay un escándalo o una investigación se nombra la Comisión"

Según Pachón "eso significa que podrían haber muchas comisiones de acusaciones dependiendo el número de casos, pero es mas factible que haya presencia de oposición".

PROCESOS
Actualmente en la Comisión de investigación y Acusación se adelanta un proceso en contra del ex presidente Álvaro Uribe Vélez por las interceptaciones ilegales que se hicieron a políticos, periodistas y miembros de la oposición por las llamadas ‘chuzadas’ del DAS.

Actualmente en este proceso ha presentado su versión la ex subdirectora de Análisis del DAS, Matha Leal, quien dijo que había recibido ordenes del Ex director del DAS, Andrés Peñate para hacer seguimientos al periodista Daniel Coronel.

Durante la semana pasada se esperaba la visita del ex subdirector de Fuentes Humanas del DAS, William Romero, quien según su abogado no asistió debido a que no conocía de la citación.

Así mismo, se espera que en los próximos días entreguen su versión libre, como víctimas de las chuzadas, el periodista Daniel Coronel, la ex senadora Piedad Córdoba y el ex candidato presidencia Gustavo Petro.

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