Comunidad: escépticos por la reglamentación de playas

Todavía hay dudas y escepticismo frente al proyecto de reglamentación de playas de Cartagena, impulsado por la Administración Distrital.Lo anterior se deduce de las intervenciones de los participantes en la audiencia pública que se realiza en el Concejo Distrital, para conocer la opinión de la comunidad, y en especial de los directamente implicados, sobre esta iniciativa.
Para miembros de asociaciones de vendedores, comerciantes, veedores, periodistas, entre otros, que han participado en las audiencias, este proyecto los lesiona y perciben que conlleva a la privatización de las playas de Cartagena.
Miembros de asociaciones de vendedores, afirmaron por ejemplo que para ellos reglamentación es sinónimo de “expropiación” de playas, y aclaran que sí debe haber mayor control y organización, pero eso se puede lograr con el ejercicio de la autoridad, que consideran es la que falta.
En general los participantes mostraron su preocupación sobre la iniciativa del Gobierno Distrital, al considerar que hay un desequilibrio en la prioridad para otorgar licencias y permisos, ya que –a su juicio– van a preferir al que tenga más influencia y pida más espacio de playa que al vendedor que ha trabajado en ellas por 30 años.
Con este proyecto la Administración Distrital busca reglamentar las actividades turísticas, recreacionales, culturales y deportivas que podrán adelantarse en la franja de playas del litoral marino de Cartagena.
No hay confianza
Algunos concejales también expresaron tener dudas sobre el proyecto.
Para Alberto Osorio, de Colombia Democrática, no hay confianza en torno de la iniciativa que cursa en la corporación, ya que hay dudas sobre lo que pasará con los nativos, mcroempresarios y vendedores asociados que trabajan en la playa.
El concejal liberal David Dáger dice que problemas como el acoso al turista, la basura, la falta de seguridad, desorganización, entre otros, no justifican la reglamentación de playas, ya que el problema se origina es por la ausencia permanente del Estado.
“No es necesario reglamentar para actuar, la propuesta que presentan es buena, debió hacerse hace tiempo, pero puede iniciarse sin la reglamentación”, sostiene David Dáger, y menciona que no tiene claro cuál sería la fuente de recursos para el proyecto.
Ante los comentarios que surgieron en la audiencia sobre algunos establecimientos hoteleros que han privatizado las playas, evitando que los cartageneros puedan disfrutar del uso y goce de estas áreas marinas, la concejal de Cambio Radical, María Del Socorro Bustamante, preguntó a la Administración Distrital ¿qué va a pasar con los espacios que ya se han tomado? y ¿cómo hacer para permitir que los nativos entren a estos lugares que han sido vedados?
También William Amín, de Cambio Radical, pide aclaración sobre los diferentes soportes técnicos del proyecto, que permitirán clasificar los diferentes usos de las playas.
Componente social
“No estamos pensando en desalojar a nadie de las playas”.
Así lo afirma tajantemente el gerente de Espacio Público, Adelfo Doria, quien además explica que es consciente de que hay explotación indiscriminada de las playas por parte de todos los actores, pero el proyecto cuenta con un componente social para dignificar el oficio de vendedor y convertirlo en un comerciante y prestador de servicios.
Doria enfatiza que se pretende involucrar a los vendedores en el proyecto, con un plan de inclusión productiva, dignificación y formalización del empleo, asesorías y capacitaciones, línea de créditos, entre otras bondades.
“El proyecto contempla que sean los vendedores informales y asociados los actores y beneficiarios principales”, dice Adelfo Doria.
Sobre esto, el concejal Jorge Cárcamo, del movimiento Por Una Sola Cartagena, sostiene que en el texto de la iniciativa no encuentra un solo aparte que sugiera que a alguien se le vulnerarán los derechos, y agrega que propondrá la creación de un comité de seguimiento al proceso para asegurar que eso no ocurra.
El tema seguirá hoy su trámite en el Concejo.