Con demanda internacional a Venezuela y al presidente Chávez, Uribe dijo adiós

A pocas horas de finalizar la permanencia de Álvaro Uribe Vélez en la Presidencia de la República, uno de sus abogados, Jaime Granados, anunció que fueron demandados, ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el presidente Hugo Chávez y el Estado venezolano. Chávez fue demandado por Granados ante el Tribunal internacional por delitos de guerra y lesa humanidad, mientras que la CIDH recibió los descargos contra el Estado del vecino país por el incumplimiento a la Convección Americana que prohibe la presencia de grupos terroristas o armados ilegales en otros territorios. Granados es uno de los abogados del Presidente Uribe y el anuncio lo hizo de manera extraoficial en la Casa de Nariño este viernes en la noche. "Al despacho del Fiscal General de esa Institución, el doctor Luis Moreno Ocampo, se envió la denuncia correspondiente y esperamos que tome acción. Igualmente, a la Comisión Interamericana se envió demanda para efectos de lograr la reparación frente a gravísima situación de Derechos Humanos que se ha planteado en el Estado de Venezuela", reveló el abogado Granados. Agregó que "se ha remitido a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una demanda en donde se pide que la República Bolivariana de Venezuela responda por graves violaciones de derechos humanos según el estatuto de San José de Costa Rica". El pasado 22 de julio, tras una reunión a puerta cerrada entre Uribe y el Fiscal General, Guillermo Mendoza Diago, se conoció que el Estado colombiano no descartaba llevar ante la CPI las pruebas que presentó ese mismo día Colombia ante la OEA y con las cuales se demostraría la presencia de jefes de las Farc y el ELN en Venezuela. Mendoza recibió del Gobierno una carpeta con todas las pruebas, las cuales empezaron a ser evaluadas por una comisión especial de fiscales que se integró para tal fin. Ese día el Fiscal dijo que se podría presentar la demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que ésta "sólo responsabilizaría a los Estados y nosotros queremos establecer responsabilidades y particularidades individuales de funcionarios del Estado venezolano, interviniendo como copartícipes, determinadores y auxiliadores en esos episodios, que constituyen crímenes de guerra y están ocurriendo en nuestra frontera". CPI NO PUEDE SUPLANTAR A LA JUSTICIA El ex presidente de la Corte Constitucional Jaime Beltrán Sierra y el ex canciller Guillermo Fernández de Soto coincidieron en que la acción penal no prosperará y que este movimiento podría considerarse como el último esfuerzo del Presidente Uribe por dejar en claro el peligro en que estaría cayendo Venezuela al permitir la estadía de jefes guerrilleros en su territorio. Para Beltrán Sierra es claro que la CPI es un organismo complementario de la justicia y no tiene potestades suficientes para remplazarla. "Esto quiere decir que solamente entra a operar la Corte cuando el Estado correspondiente haya juzgado el delito cometido en su país o se cometa un juicio de simulacro o no se juzga o se hace para hacer una pantomima", dijo. Agregó que solamente en estos casos la Corte "adquiere competencia. Pero la recibe con respecto a los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra o genocidio. Además, la Corte juzga personas naturales". Beltrán manifestó que en reconstrucción de relaciones exteriores existen varias etapas: arreglo directo; conciliación; arbitraje internacional y la actuación de la Corte Internacional de Justicia "como es la Corte de la Haya, donde Ecuador denunció las fumigaciones con glifosato y no a Uribe ni al Estado". El ex canciller Fernández de Soto precisó que en ambos casos cualquier persona puede elevar una denuncia ante estos organismos internacionales en cumplimiento al Estatuto de Roma o el pacto de Costa Rica. Dijo que de acuerdo con estos estatutos la Corte considerará si es admisible su competencia como es el genocidio, crímenes de lesa humanidad, de agresión o de guerra. "La Sala de Sesiones Preliminares será la encargada de definir si la denuncia es admisible, pero en la demanda contra el Estado de Venezuela se necesita una etapa de procedimiento previo. En los dos casos las instituciones tienen que estudiar la queja no es un procediendo mediato y sencillo", concluyó.