Por una proposición que presentó el concejal William Amín, el final del debate de control político que realiza el Concejo Distrital para establecer posibles responsabilidades por lo ocurrido con el Emisario Submarino, quedó aplazado para hoy.
El motivo es que el gerente de Aguas de Cartagena, Francisco Pérez Tena, se excusó para atender la visita a la ciudad de la Reina de España, motivo que entendieron los concejales y en ese sentido se aprobó la proposición.
Así las cosas, será hoy cuando los miembros de la corporación expresen sus opiniones sobre este caso, después de escuchar los argumentos que los diferentes actores que tienen que ver con el proyecto, han presentado en estos cuatro días de debate.
El contratista
El abogado asesor de Aguas de Cartagena, Francisco De Castro, sostiene que se debe entender que hay un contratista incumplido que dejó tirado el tubo, salió del país y abandonó sus obligaciones contractuales. Eso, dice, es lo que se critica de la conducta de EDT y se considera criminal.
Como mecanismo para hacer responder al contratista, sostiene que cuentan con las instancias de controles en Colombia como Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Capitanía de Puerto, entre otras; que tienen unos mecanismos que deben utilizar.
Otros son los que tiene Acuacar y el Distrito, como los tribunales de arbitramentos y jurisdicciones ordinarias, con el fin de hacer cumplir el contrato y al contratista con las obligaciones que dejaron en suspenso.
Alternativa
En la sesión de ayer, el exministro José Rizo Pombo, expresó que en torno a esto considera que hay un engaño de parte de personas que tienen mucho interés en venderle este proyecto costoso a la ciudad.
Así mismo, Rizo Pombo planteó en la corporación una solución alterna al problema de saneamiento, como lo es utilizar la Bocana, que asegura fue diseñada para recibir las aguas servidas de Cartagena, a tal punto que viene haciéndolo desde el año 2000, pero no indefinidamente.
Persisten las dudas
Para los concejales, que intervienen hoy, aún hay dudas que aclarar.
Además, insisten en que la empresa contratista no llenaba los requisitos legales para cumplir con el trabajo.
“No queremos un debate destructivo, lo que buscamos es que Aguas de Cartagena y el Distrito tengan las herramientas y los mecanismos para recuperar este dinero y que no seamos los cartageneros los que paguemos los casi 100 mil millones de pesos que costaría el proyecto a valor presente. La ciudadanía debe tener claro que quien firma el contrato es el Distrito y debemos proteger las arcas de la ciudad”, sostiene el concejal William Amín.
Agregó que por parte de Aguas de Cartagena dicen que solo se pierde el 9% de la inversión, pero aclara que eso representa el 100% del proyecto, porque las aguas negras se siguen mandando al mismo sitio.
“En dinero es el 9% pero en saneamiento básico, que era el objetivo de esto, es 0%”, insiste William Amín.
Por su parte, el concejal David Dáger, agrega que es extraño que el contratante no se preocupe porque el contratista no presente las pólizas necesarias para ejecutar una obra tan delicada para la ciudad.
Qué motivó el cambio de ruta del convoy que trasladaba el tubo, entre otras situaciones que han salido a la luz pública, luego del desastre del tubo en diciembre.
“Definitivamente pienso que hubo exceso de confianza por parte de todos los actores”, puntualiza el concejal Dáger.
Extraoficialmente, algunos miembros de la corporación expresaron que con los argumentos que han venido reuniendo durante los cuatro días de debate, en asunto bien podría encaminarse para una posible solicitud de control excepcional.
Traslado
En la sesión, el concejal William Amín sostuvo que había trasladado a la Contraloría y a la Procuraduría General de la Nación, unos escritos en los que manifiesta lo sucedido con el Emisario Submarino y las consecuencias que esto tiene para el medio ambiente y los cuerpos de agua de la ciudad.
Agrega el Concejal que en el documento, informa que el costo del proyecto fue de 57 mil millones de pesos en su momento, pero hoy en día el valor llega a unos 100 mil millones de pesos aproximadamente.
“De acuerdo a lo que nos han informado, los contratistas salieron del país y aquí tiene que haber un responsable. Por eso deben ser los organismos de control quienes realicen las investigaciones del caso, para establecer responsables fiscalmente o disciplinariamente”, puntualiza Amín.
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