Concejo declaró persona no grata a Ministra de Cultura

El Concejo de Cartagena, aprobó en una inusitada proposición, declarar como persona no grata a la Ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, por haber prorrogado o ampliado por cinco años el contrato con la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena (SMPC) para que esta entidad siga manejando y administrando los bienes históricos de la Nación, que se encuentran en el Distrito de Cartagena,.
“Se lo hicimos saber al Gobierno Nacional con tiempo, porque está establecido en la Ley 678 de 2002, de Distritos que le otorga la administración de los bienes de Patrimonio Histórico a estas entidades territoriales, y en este caso a Cartagena; la Ministra Garcés, en su acción de ampliar el contrato por cinco años con la SMPC, para el manejo de los monumentos históricos de la ciudad no consultó al alcalde de Cartagena lo cual es una afrenta a la ciudad, por tanto en la proposición se incluye solicitarle a la Procuraduría investigar este caso”, dijo el concejal del Polo Demócratico, David Múnera, autor de la propuesta que fue avalada por el Concejo.
El Concejo Distrital consideró que la acción administrativa de Garcés Córdoba es una falta porque, que el Consejo de Estado es claro en decir que la competencia para otorgar el permiso es concurrente, y la ministra debió consultar a la Administración Terán, para obtener la autorización y otorgar la prórroga.
“Hasta donde tenemos entendido, el alcalde Terán Dix no está de acuerdo con la ampliación de este contrato, por eso reprobamos y rechazamos este acto”, dijo Múnera.
La proposición fue apoyada por los concejales, Rafael Meza, del partido conservador y presidente del Concejo, Vicente Blel, de Cambio Radical y Saray Aguas, del partido Verde y vicepresidenta del Concejo.
Ministra se defiende
“Nosotros estamos haciendo las cosas dentro de la ley”, se defendió la Ministra Mariana Córdoba, en rueda de prensa ofrecida ayer, para responderle al Concejo de Cartagena.
“Lo que queremos garantizarles es que este ministerio está facultado legalmente para tomar todas las medidas para la protección del patrimonio”, agregó a Colprensa.
Así mismo Garcés afirmó que está completamente dispuesta a hacer frente a la demanda interpuesta ante la Procuraduría por presuntas faltas disciplinarias.
“Hasta ahora no he recibido ninguna solicitud formal del Concejo o del alcalde Campo Elías Terán con respecto al contrato con la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena”.
El Mincultura, en un pronunciamiento explicó que no puede entenderse que la ley 768 de 2002 haya suprimido las facultades de administración del Ministerio de Cultura sobre los bienes de patrimonio cultural de la Nación ubicados en los Distritos especiales, sino que ha respetado tal competencia, de suerte que si tales bienes son declarados también patrimonio cultural del distrito, “la nueva competencia derivada de tal carácter, para las autoridades distritales, coexiste con la de la autoridad nacional”, sostiene Mincultura.
Las razones
El Ministerio de Cultura de Colombia que dirige Garcés Córdoba, aclaró a la opinión pública que los inmuebles (fortificaciones y cordón amurallado) que han sido objeto de la controversia, fueron declarados como bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional en 1959.
“El contrato 005 de 1992, suscrito entre el Fondo de Inmuebles Nacionales y la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena, fue cedido con posterioridad al Ministerio de Cultura, con lo cual la propiedad de los mismos pasó a estar en cabeza de la Nación – Ministerio de Cultura”, dijo Mincultura.
“El contrato 005 de 1992, suscrito entre el Fondo de Inmuebles Nacionales y la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena, cedido al Ministerio de Cultura, finalizó el 24 de febrero de 2012, luego de una ejecución de veinte (20) años”, explican.
La ministra explicó que el pasado primero de marzo, “se suscribió el contrato de comodato No. 304 de 2012,  entre el Ministerio de Cultura (en calidad de propietario de los bienes inmuebles) y la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena (entidad de reconocida experiencia e idoneidad y conocedora del manejo y administración de inmuebles de valor patrimonial), con un alcance jurídico y administrativo sustancialmente diferente al contrato que con anterioridad se había suscrito con el Fondo de Inmuebles Nacionales”
Es un nuevo contrato
“No se trata de una “renovación” o “prórroga” del contrato 05 de 1992 como se ha señalado en varios medios de comunicación, sino de un nuevo contrato que si bien se suscribe entre las mismas partes, el contenido jurídico es diferente así como sus alcances”, explicó la Ministra Garcés.
Según la funcionaria,  “con este nuevo contrato se crea un Comité de Dirección conformado por la Alcaldía de Cartagena, un representante del comodatario y dos miembros del Ministerio de Cultura, el cual define y aprueba un Plan Maestro Anual con diferentes componentes para la proyección, administración, conservación, mantenimiento y apropiación de los inmuebles. Además, hace parte de este contrato, un manual de uso temporal y aprovechamiento económico del espacio público de las murallas de Centro Histórico de Cartagena al cual está sometido el comodatario, en el cual se establecen las condiciones para su uso, tarifas, restricciones, entre otros lineamientos”, dice la entidad.
Dos entidades con aparente competencia
Frente a la discusión sobre la administración de un inmueble de interés cultural en el que hay dos entidades con aparentes competencias sobre el mismo bien, el Concejo de Estado se ha pronunciado de manera clara mediante el Concepto No. 1584 de 2004 al referirse sobre la Ley 768 de 2002 (Ley de Distritos), lo siguiente:
“Ciertamente en el caso de los bienes que constituyen patrimonio cultural de la Nación y son de su propiedad, existen a favor de la Nación-Ministerio de Cultura los atributos de la propiedad que reconoce la legislación civil, con excepción de la facultad de disposición por la interdicción de enajenación que ha establecido la Constitución en el artículo 72, respecto de los bienes que integran tal patrimonio.
Siendo de propiedad de la Nación, es claro que la Nación-Ministerio de Cultura tiene las facultades de administración, manejo y control sobre ellos, derivadas del derecho de dominio y las potestades, que son a la vez deberes, de conservación y de vigilancia de los mismos, por hacer parte del patrimonio cultural de la Nación.