Congresistas piden retiro de reforma a la educación

Quince congresistas (8 senadores y 7 representantes a la Cámara), firmaron una declaración conjunta pidiéndole al gobierno retirar el proyecto de reforma a la educación, en la que aseguran que "el Congreso no es el espacio para debatir el contenido de esta iniciativa".
"Es necesario que la ministra de Educación, María Campo, retire el proyecto, e instale una mesa de negociación en la que se discutan las propuestas contenidas en el Programa Mínimo del estudiantado colombiano", señala el comunicado.
Aseguraron, que "la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), principal vocera del estudiantado colombiano, tiene razón cuando afirma que en el Congreso de la República no hay garantías para discutir de manera democrática el proyecto de ley con el que el presidente Juan Manuel Santos pretende reformar la educación superior".
"El Gobierno controla más del 90 por ciento del Parlamento, mayoría con la que impone su punto de vista, sin tener en cuenta los argumentos de sus contradictores", indica la carta.
Los congresistas que suscribieron la declaración sugirieron al Gobierno discutir el proyecto, teniendo en cuenta la propuesta de la MANE y solicitaron discutir directamente la propuesta con los estudiantes.
Los legisladores que firmaron la declaratoria son los senadores del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo, Gloria Inés Ramírez, Luis Carlos Avellaneda, Parmenio Cuéllar, Alexander López, Senador Polo Democrático Alternativo, Camilo Romero, Senador Polo Democrático Alternativo y Marco Aníbal Avirama, y los representantes de esta misma colectividad Wilson Arias, Germán Navas Talero, Hernando Hernández Tapasco, Alba Luz Pinilla, e Iván Cepeda,
El documento también  los suscribieron los representantes, Carlos Amaya, y Ángela María Robledo, por el Partido Verde, Germán Carlosama, Senador del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO)
¿Por qué la reforma?
El pasado 4 de octubre la ministra de Educación, María Fernanda Campo, presentó al Congreso de la República el proyecto de reforma a la educación superior.
El gobierno justifica la propuesta en que después de 18 años de la expedición de la Ley 30, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en Colombia, se hace necesario “una reforma integral a la educación a través de la cual se busca consolidar los avances alcanzados en los últimos años y potenciar el acceso y la calidad de la oferta educativa para generar más y mejores oportunidades a todos los colombianos mediante la organización del Sistema de Educación Superior, de un sistema de calidad y un incremento significativo de las fuentes de recursos para el sector”.
Aumento estudiantil
Dice el gobierno que la reforma se presenta porque aún cuando la Ley 30 de 1992 le dio un giro y una gran dinámica al sector, se hace evidente el cambio en las estructuras del sistema que empiezan a ser insuficientes para responder a las demandas sociales, productivas y económicas del país.
Una de los fundamentos de la propuesta es el número de bachilleres el cual aumentó de 414.424 en 2002 a 625.466 en 2010. Para el 2019 se esperan más de 900.000 bachilleres.
De acuerdo a esto se hace necesario ofrecer las condiciones para que los 3'226.213 de jóvenes que entre los años 2000 y 2010 no ingresaron a la educación superior o que ingresaron pero desertaron, ingresen, permanezcan y se gradúen de programas de educación superior de calidad.
El gobierno considera que Colombia necesita un sistema de educación superior acorde a sus realidades y metas e integrado a la región y al mundo.
Qué busca la reforma
La Reforma plantea los siguientes cuatro objetivos:
1. Generar las condiciones para que haya una mejor oferta de educación superior.
2. Generar las condiciones para que más colombianos de escasos recursos y población vulnerable ingresen y se gradúen de la educación superior.
3. Adecuar el sistema de educación superior con la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales.
4. Fortalecer los principios de buen gobierno y transparencia en el sector.
Con la reforma, dice la propuesta, se fortalecerá el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para garantizar el cumplimiento de condiciones de calidad de todos los programas e instituciones y se promoverá la acreditación voluntaria y la evaluación.
Además, a través del fomento, se establecen incentivos para reconocer la excelencia y convertir a la innovación e investigación en clave para la generación de conocimiento y el desarrollo tecnológico. Prevé el fortalecimiento de la inspección y vigilancia para cumplir de mejor manera con el mandato constitucional.