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Consejo de Estado: Abandonar discusión es una actitud responsable, seria y digna

Innumerables han sido los intentos por reformar la justicia nacional, sin que alguno haya llegado lejos. Los más recientes fueron los del expresidente Álvaro Uribe, quien arrancó su primer mandato (2002) con la firme intención de darle cristiana sepultura al Consejo Superior de la Judicatura; hoy, nueve años después, ese propósito no se recuerda más que como un intento fallido.

Por lo que está sucediendo, ese mismo destino le espera a la reforma que se adelanta en el Congreso de la República. Por lo menos ese es el panorama que se abrió esta semana, cuando el Consejo de Estado, la única corte con capacidad para proponer reformas constitucionales, se apartó de las discusiones que se vienen dando en el Legislativo.

Las razones: el caso omiso que, según Mauricio Fajardo, presidente de esa Corporación, ha hecho el Congreso a sus recomendaciones, y la pírrica suma que del presupuesto se le está asignando a la Rama Judicial, por lo cual -dice- no es posible afrontar los retos que tiene la justicia.

Esa postura no es el único palo en la rueda. Hay que sumar el malestar causado por las modificaciones de última hora que le fueron colgadas a la reforma, entre las que está el articulado sobre el fuero militar.

De todas las dificultades, el punto que parece causar más indignación es el relacionado con las facultades que se le darían a la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, al punto de considerar que éstas afectarían la independencia de los poderes y la autonomía de la Rama Judicial.

Mauricio Fajardo, presidente del Consejo de Estado habló con Colprensa de estos temas, además de la tensa calma que se siente sobre la relación con el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.



- ¿Qué significa el retiro del Consejo de Estado de las discusiones sobre la reforma a la justicia?

El Consejo de Estado hizo un esfuerzo serio y profundo para identificar los problemas de la administración de justicia, y tras seis meses de estudio presentó su proyecto. Ese esfuerzo, hemos podido constatar, solo ha sido considerado en un plano protocolario. Por eso nos retiramos. Pero no quiere decir esto que no sigamos haciendo un seguimiento al tema.



- En ese sentido, ¿cómo está la propuesta del Consejo hoy, cuando se acerca el tercer debate, de los ocho debe haber en el Congreso?

Lo que queda no es lo que el Consejo de Estado planteó. Ya no queda prácticamente nada, se ha ido extinguiendo nuestra propuesta. Pero el punto ni siquiera es que se haya dejado de aprobar algo, sino que nuestros argumentos fueron desestimados sin profundidad.



- ¿Cómo queda la justicia con lo que hasta ahora va de debate en el Congreso?

El texto hasta ahora aprobado no da una respuesta efectiva a los problemas estructurales de la justicia, como: la exagerada congestión y la garantía de acceso a la justicia. Hay una disparidad entre los aspectos que fueron anunciados y los que han sido acogidos.



- ¿Qué les preocupa especialmente de la diferencia entre lo que se propuso y lo que está en la propuesta que avanza?

No hay consistencia, ni coherencia, tanto por los anuncios que se habían hecho, como por las propuestas que se incluyeron, pues era claro que se requerían importantes modificaciones en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.



- ¿A cuáles se refiere?

La Sala Disciplinaria debía ser modificada de una forma importante, con reformas de fondo, de estructura y funcionamiento. Paradójicamente encontramos que esa sala no sólo no se modifica, sino que es fortalecida en sus funciones. No se examinan los cambios propuestos y se mantiene su origen y estructura.



- ¿Cuál es el problema concreto en esa sala?

Nos parece que es absolutamente necesario garantizar la autonomía de la rama y además evitar que la disciplina a los funcionarios judiciales la apliquen agentes externos a ella, cuyo origen está fuera de la rama. Los integrantes de esa sala vienen de ternas que conforma el presidente y que elige el Congreso.



- ¿Está en peligro la justicia por cuenta de este tipo de hechos?

Lo que le puedo decir es que hay que resguardar la independencia y la autonomía de la rama judicial. Hay que evitar que la disciplina a los funcionarios judiciales la apliquen agentes distintos a los propios judiciales, y eso se está viendo afectado por el origen de algunos magistrados.



- ¿Qué otra facultad nueva se le da en el proyecto a la Sala Disciplinaria?

Ahora se pretende que la Sala Disciplinaría no sólo discipline a los jueces, sino le amplía esa facultad sobre todos los empleados del poder judicial. Así las cosas, la Sala Disciplinaria vendría siendo el superior de todos los funcionarios de la Rama y ni los magistrados podrían hacer nada frente a sus empleados directos.



- Se dice que la Sala Disciplinaria quiere ser convertida en la sala de gobierno que se crearía para administrar justicia, donde además se elegirían magistrados, ¿cómo ven esa posibilidad?

Ahí hay un debilitamiento de la autonomía de la rama judicial, y como Consejo de Estado no compartimos esas propuestas, ni seguir asistiendo a una discusión en la que nuestras apreciaciones y observaciones son, a duras penas, consideradas de manera protocolaria.



- Ustedes son los que lideraron la participación de los magistrados en la reforma a la justicia y se veían como representantes de las otras cortes. ¿Con ustedes también se retiran la Corte Suprema y la Constitucional?

El pronunciamiento del Consejo de Estado compromete solo a nuestra corporación y mal podemos anticipar cuál pueda ser la posición que tomen las otras.



- En cuanto a la molestia por el tema de recursos para la rama, ¿cuál fue la gota que derramó la copa?

La propuesta del Consejo era que anualmente la participación de la rama en el presupuesto general de la Nación, sin incluir a la Fiscalía, fuera del cinco por ciento.



- ¿Y qué pasó?

A pesar de las coincidencias en cuanto a la falta de presupuesto. En la propuesta que avanza, infortunadamente lo que se ha aprobado incluye una formula insuficiente y no seria.



- ¿Por qué?

Porque se establece que la asignación para la rama sería del IPC más dos puntos, por lo que si la inflación, como parecer ser, se reduce a 2 ó 3 por ciento, el presupuesto crecería menos de lo que crece hoy, que de por sí es un crecimiento vegetativo.



- ¿Qué le dicen al Estado hoy?

Creemos que ya es hora de que el Estado haga una reflexión sería, profunda acerca de cuál es el papel llamado a cumplir por la Rama Judicial. En 2011 la participación de la rama judicial en el presupuesto del Estado a duras penas es del 1,4 por ciento, y en 2012 sólo será del 1,3%.



- ¿Esta es una disputa por la plata?

No, es una actitud responsable, seria y digna.



- ¿Hay posibilidad de volver a sentarse a la mesa con voceros de los otros poderes?

Por ahora no lo tenemos contemplado. Las circunstancias del debate y el avance nos permiten pensar que esto no tiene sentido. Lo que no descartamos es a futuro asumir alguna actuación distinta, de acuerdo a lo que vaya sucediendo.



- ¿También tuvo que ver en su decisión el tema del fuero militar y otros que se incluyeron a última hora?

Ese tema no fue anunciado como parte de la reforma, ni incluido. El fuero se presentó el primer día del debate, a punto de hacerse la votación, por eso creemos que ese tema es ajeno a lo anunciado.



- ¿Debió ser analizado ese aspecto en otro escenario?

Sí. Pues, además, el tiempo dedicado a ese tema ha distraído el debate de temas de mucha importancia para la administración de justicia.



- Si el proyecto es aprobado como va, ¿estarían en riesgo la justicia y la separación de poderes?

Al menos en algunos puntos fundamentales, sí.



- Se esperaba que la creación del Ministerio de Justicia sirviera para tender un puente entre las cortes, el Congreso y el Ejecutivo. ¿Ha sido así?

Hemos tenido una relación muy formal, pero eso no excluye que el Consejo de Estado haga sus balances y tome sus decisiones.



- Ustedes han sido claros sobre no querer que el ministro tenga asiento en la futura Sala de Gobierno, ¿eso ha afectado las relaciones con el jefe de la cartera de Justicia?

Nuestra posición no está dirigida al ministro Esguerra, solo es una posición que busca que la rama judicial sea independiente del Gobierno, y el Ministerio de Justicia hace parte del Ejecutivo.



- ¿Ya hablaron del tema con el ministro de la Justicia?

No. No hemos intercambiado opiniones.



- ¿Estará pasando lo que sucede con el expresidente Uribe y el presidente Santos, que uno no le contesta las llamadas al otro?

No, no sé. No me meta en asuntos distintos a los que estamos hablando (risas).


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