Constitucionalidad del referendo de la reelección sólo se conocería hasta 2010

"Quienes intenten presionarnos están perdiendo su tiempo", así lo manifestó el presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, luego de asegurar que sólo hasta el próximo año, se podría emitir su fallo sobre la legalidad de la convocatoria al referendo que permitiría la segunda reelección inmediata de Álvaro Uribe Vélez. Explicó que hay una serie de procesos que deben cumplirse y sin los cuales es imposible que se inicie el estudio, por esta razón, el análisis del proceso –el análisis de la ponencia- no podrá hacerse antes del regreso de vacaciones de fin de año que tiene la Rama Judicial, el 12 de enero del 2010. ATRASOS Indicó que uno de los episodios que ha retrasado el proceso es la entrega incompleta de pruebas que son fundamentales para el estudio del referendo. El magistrado ponente Humberto Sierra solicitó una gran cantidad de elementos de comprobación a entidades públicas y a partidos políticos a los cuales le dio cinco días hábiles para contestar, pero según Pinilla, se requiere más información de las secretarías generales de Senado y Cámara, entre otras cosas para que envíen los registros fílmicos, las grabaciones y todo lo que haya de memoria de conservación histórica sobre cómo fueron los debates. "Además se pidió información al director de la Imprenta Nacional sobre la publicación en el diario oficial del decreto del 16 de diciembre, con el cual el Gobierno nacional convocó a sesiones extras al congreso", dijo el presidente de la Corte Constitucional. El magistrado Pinilla sostuvo que también se le solicitó al registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, que brinde información acerca de los registros contables presentados para tramitar el referendo y al Consejo Nacional Electoral el informe contable presentado por los promotores del referendo al igual que a la Procuraduría una solicitud sobre la probabilidad de que se imputen cargos contra personas vinculadas al proceso. "Suponiendo que contesten las entidades íntegramente, hay que proceder al traslado a partir de la fijación en lista de las personas que estén interesadas en ejercer la intervención ciudadana acerca de si consideran que la aprobación del referendo es constitucional o es inexequible", declaró. Ese traslado tomará diez días hábiles y luego si se corre el traslado al Procurador General para que él haga su pronunciamiento, quien tendrá 30 días hábiles. "Cuando todo esto se produzca, vuelve al despacho del magistrado sustanciador, quien tiene otros treinta días para redactar el proyecto que nos va a presentar a los demás magistrados de la Corte para que lo estudiemos en un lapso de 60 días y si se van sacando las cuentas es imposible que el proyecto esté listo antes del 20 de diciembre que es cuando, de acuerdo a la ley, se producen las vacaciones judiciales colectivas y como el 11 de enero es festivo, regresaremos a labores el martes 12" explicó Pinilla. El presidente de este tribunal aseguró que si alguna institución no presenta las pruebas requeridas en estos cinco días hábiles y lo hace con la intención de demorar el estudio, eso puede llegar a tener consecuencias penales. "Nosotros ese fallo lo vamos a producir a la brevedad que corresponda. Este es un estudio de constitucionalidad y trataremos de evacuar rápidamente nuestro trabajo, que es mediante sentencia decidir si esa convocatoria a el referendo es constitucional o inconstitucional", señaló el magistrado. TEMA SENSIBLE Pinilla dijo que como este es un tema tan sensible para el futuro del país si algún sector político estuviera haciendo presiones para que se emita el fallo "están perdiendo su tiempo", puesto que la Corte está cumpliendo su trabajo bajo los parámetros de la ley. "En el remoto caso de que pudieran estarse intentando presiones, la verdad es que estamos consagrados a nuestro trabajo. Estamos absolutamente absortos en este asunto y en muchos otros que están en estudio en la Corte Constitucional, entre ellos el referendo de la cadena perpetua para violadores", argumentó. De igual manera sobre los comentarios que puedan salir acerca de la votación, el magistrado expresó que su papel es ser jueces y su trabajo es analizar las pruebas de una manera objetiva aplicando siempre la normatividad correspondiente. "No hay ningún tema en especial que nos interese o alternativas distintas a cumplir totalmente el derecho y pronunciarnos de esa maneara, de forma que, por lo menos a mí en lo personal, y estoy seguro que también a mis colegas, nos interesa nuestra conciencia y tener la frente en alto ante la República de Colombia", concluyó.