Contraloría, a indagar por bienes de diputados

La Contraloría Departamental de Bolívar iniciará un proceso de indagación sobre los bienes o propiedades de ex gobernadores, ex diputados y actuales miembros de la Asamblea, a raíz de una investigación fiscal que cursa por un posible detrimento causado al Departamento cercano a los $900 millones. Ello tiene como objetivo que en caso de determinarse alguna responsabilidad fiscal de los ex gobernadores y diputados, asegurar el pago del posible detrimento al Departamento. Esta investigación hace parte del proceso de responsabilidad fiscal contra los ex gobernadores y diputados durante la vigencia 2007-2008, que inició la Contraloría Departamental desde agosto de 2010 y que se originó por orden de la Gerencia de la Contraloría General de la Nación, quien estimó que hubo un detrimento al Departamento de $874 millones 300 mil. El hecho está relacionado con el excesivo pago de salarios de los diputados. Además de los ex gobernadores Libardo Simancas y Joaco Berrío Villareal deben comparecer a declaración libre y espontánea ante la Contraloría los diputados Luz Estela Cáceres, Andrés Ricaurte, Ricardo Posada, Colombia Aduen, Jorge Tafur, Luis Carlos Fuentes, Miguel Aguilera, Jorge Rodríguez Sossa, Orieta Vázquez, Bertha Pérez, Natalia Turbay, Carlos Féliz Monsalve, José Felix García y Sigifredo Tapia. Así mismo, deben comparecer Adolfo Malo, Fredy Torres, Vicente Blel, Éder Flórez, Alejandro Arrázola, Judith Ferrer, Lorenzo Hodeg y Evelio Montes. Por esta investigación, la Contraloría Departamental decretó la práctica de pruebas y ordenó a la Asamblea Departamental certificar cuáles de los investigados están activos, sueldos ganados, copias de declaración de bienes de éstas personas al momento de tomar posesión del cargo como diputados. Hechos Esta investigación se inició cuando el Departamento de Bolívar, para la vigencia 2007, se encontraba en categoría tercera y pagó a cada diputado una remuneración de 11.2 millones de pesos, cuando lo correcto era $7.8 millones como lo estipulaba el artículo 28 de la ley 617 de 2000. Así mismo sucedió en la vigencia de 2008, cuyo presupuesto se aprobó en el 2007, donde los diputados recibieron pagos de sueldo de $11.5 millones cuando debían devengar $8.3 millones. Las sumas pagadas en exceso también incidieron en un mayor pago en prestaciones sociales, por lo que el presunto detrimento es mayor, ocasionando un desequilibrio financiero en el presupuesto del Departamento. Responden Algunos de los señalados consideran que no se ha infringido ninguna norma y incluso ya se han hecho parte dentro de la investigación fiscal. Agregan que tienen los argumentos para comprobar que no se puede desmejorar las condiciones salariales, tanto diputados como funcionarios departamentales, en Departamentos que tengan saneamiento fiscal. Dicen que esta es una discusión que también se da en otros Departamentos del país.