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Corrupción en cárceles: tema tan viejo como el sistema penitenciario

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Una fiesta de cumpleaños organizada en el pabellón de los parapolíticos de La Picota con la presencia de 35 invitados, entre los que se contaban un exgobernador del Valle (según una versión no confirmada) y dos congresistas, amenizada por el cantante de la Orquesta Guayacán y convertida en un verdadero jolgorio de baile, comida y bebida, prendió nuevamente las alarmas sobre los beneficios que reciben los llamados ‘presos de categoría A’ en las cárceles del país.
Por este hecho, que el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, calificó como “un relajo”, el Gobierno anunció una reforma estructural al sistema penal y penitenciario, que se presentará en marzo, “pues (el sistema) está sumido en una profunda corrupción administrativa”.
La crisis desatada el fin de semana por la fiesta del excongresista Juan Carlos Martínez, investigado por sus nexos con grupos paramilitares, resultó con agravantes debido a que el mismo dirigente vallecaucano ya había protagonizado otro escándalo, en enero de 2010, cuando se comprobó que había iniciado una remodelación en su celda con el permiso de las directivas del centro penitenciario, bajo la excusa de que su habitación “tenía problemas de humedad e iluminación”.


REFORMAS
Las reformas incluyeron la instalación de lámparas y enchapes en madera, pintura general y el derrumbamiento de dos paredes, para que su celda pasara de 12 metros cuadrados a casi 30.
En ese momento el Gobierno Nacional (entonces dirigido por Álvaro Uribe Vélez) también anunció grandes cambios y reformas a los beneficios de las personas que violaran las normas de los centro de reclusión. Sin embargo, las investigaciones internas abiertas para descubrir a los responsables de dichas irregularidades terminaron cuando el  coronel (r) Carlos Alberto Barragán, como subdirector del Inpec, señaló que ni la guardia ni funcionarios del centro carcelario se habían percatado de la “remodelación”. Por ello, al excongresista Martínez se le dejó en el mismo pabellón y nunca más, hasta ahora, se volvió a hablar del tema.
En el pabellón de la parapolítica se han registrado numerosos escándalos de corrupción, que van desde continuas permisos para visitas médicas, sin registro alguno (por lo que a veces duraban días) hasta suntuosas reuniones con amigos que entraban, como ‘Pedro por su casa’, a las cárceles para ser atendidos en las cocinas diseñadas exclusivamente para los congresistas investigados, por orden del director del Inpec en 2007, general (r) Eduardo Morales Beltrán.
Hechos como esos remontaron la memoria nacional al mega-escándalo de la cárcel ‘la catedral’ en Envigado, construida exclusivamente para la reclusión del narcotraficante Pablo Escobar y de sus lugartenientes, en la que se cometieron tanto los excesos festivos, como delitos graves: planeación de envíos de droga a Estados Unidos y asesinato de delincuentes enemigos.


CÓMO SOLUCIONAR LA CRISIS
Según el sociólogo, antropólogo y decano de humanidades en la Universidad Nacional, Fabián Sanabria, esas situaciones son connaturales con la institución penitenciaria, pues desde su invención, “en las cárceles rige la ley del más fuerte y del más poderoso; las personas con mayor poder adquisitivo o político imponen sus normas y sus leyes y hacen lo que quieren”.
Recordó que en todo el mundo se presentan hechos de corrupción administrativa: “Los guardianes ayudan a ingresar artículos de contrabando a cambio de unos ingresos adicionales que los obliga a hacerse los de la vista gorda frente a cualquier irregularidad e incluso delito que se cometa”.
Sanabria también precisó que entre los reclusos el poder económico es utilizado para “amenazar” a los funcionarios y empleados de las cárceles, hasta someterlos a su voluntad. “El poder es utilizado aquí y en todas partes para gozar beneficios y todo tipo de lujos. Eso está desde la época de los gánsteres que utilizaron el dinero para vivir como reyes en sus lugares de reclusión y seguir delinquiendo”.
Para la analista política Claudia López, el problema no se arregla con la reforma de los decretos, pues “existe un reglamento muy claro en el Sistema Penitenciario, sin embargo no se le aplica a todos los internos. Mientras unos gozan de celdas privadas, amobladas, tienen incluso cocinas privadas para preparar sus alimentos y televisión para las horas de ocio, hay otros que viven en hacinamiento, sin cama sino que tienen que acomodarse en el suelo y las comidas básicas son raciones mínimas”.
“El problema no son las normas, estas están escritas y son muy claras. El problema es que ni el Ministerio del Interior ni el Inpec son capaces de aplicarlo. No hay nada que justifique que los parapolíticos tengan un régimen penitenciario distinto, como si estuvieran en un club social”, precisó la politóloga.
Hizo hincapié en que el régimen penitenciario en Colombia señala que un reo tiene derecho a una visita por semana, máxima de dos personas, más la visita del abogado, entre semana y en un horario predeterminado. “Sin embargo los parapolíticos tienen cuatro días de visita, salen a citas médicas muchas veces inexistentes y otra clase de beneficios. Eso no tiene razón de ser”.


TODAS LAS CRÍTICAS APUNTAN AL INPEC
Después de la salida de la dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, de Teresa Moya Suta, en febrero de 2010 por otro escándalo: la fuga de Dúmar de Jesús Guerrero Castillo, alias ‘Carecuchillo’, desmovilizado de las Autodefensas, el puesto quedó en manos de un encargado, mientras decenas de reconocidos personajes de la vida pública le decían no al ofrecimiento de llegar al cargo.
Hasta cuando en diciembre pasado el general Gustavo Adolfo Ricaurte, aceptó el puesto anunciando una reestructuración interna administrativa y de personal, para así “evitar cualquier acto de corrupción”.
Una de las medidas previstas, que anunció en entrevista concedida a Colprensa hace tres semanas, era el nombramiento de mujeres como directoras carcelarias, por considerarlas más responsables y confiables. Sin embargo, fue una mujer, Himelda López, la responsable de la fiesta en La Picota. Por su descuido, la funcionaria terminó trasladada a Florencia, Caquetá, a un penal que está en construcción.
No ha sido el único tropiezo grande con el que ha iniciado la gestión del general Ricaurte. A los escándalos de Tolemaida y La Picota, se suman denuncias contra el ex senador Vicente Blel, condenado a siete años por sus nexos con los paramilitares, quien obligó a los miembros de la guardia a trasladarlo a la Clínica El Country y no al centro médico autorizado por el Inpec donde inicialmente debía ir a cumplir una cita de rutina.
Los guardianes del Inpec, dicen fuentes de la entidad que pidieron reserva de su nombre, no tienen más remedio que cumplir con lo que les dicen los exdirigentes políticos, pues ha ocurrido en múltiples ocasiones que si no hacen caso a lo que les ordenan, terminan trasladados a otras cárceles, lejos de sus familias.
El excomandante del Ejército, general (r) Harold Bedoya, propone las mismas soluciones que los otros analistas consultados. Según el exoficial, la única forma de que estos hechos no ocurran nuevamente es “darles cumplimiento a los reglamentos y realizar una mejor selección del personal que los haga respetar. La idea no es modificarlos, como se plantea, sino que se ejerza en todas las cárceles y con todos los internos sin excepción”.
El general Bedoya también dice que lo que se ha registrado en los últimos meses en las cárceles del país es “similar” a lo que hizo Pablo Escobar en La Catedral “que más parecía un hotel cinco estrellas que un centro de reclusión. Hizo y deshizo todo lo que pudo con el visto bueno del Gobierno y de los directores de las cárceles”.
Por eso, insiste en el llamado a la disciplina y a que los funcionarios “no se dejen manipular y comprar. El Gobierno debe respetarles sus derechos y condiciones salariales, para que no permitan actividades irregulares”.


 

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