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Corte cerraría puerta al Gobierno para objetar reforma a la justicia

La sentencia C-543 del 1998 de la Corte Constitucional tumbaría el argumento con que el presidente Juan Manuel Santos decidió objetar el acto legislativo de la Reforma a la Justicia, ya que dicha decisión establece que las reformas constitucionales no requieren sanción presidencial.(Lea más reforma a la justicia)

Los actos legislativos mediante los cuales el Congreso reforma la Constitución no requieren de sanción presidencial, porque las decisiones de la voluntad constituyente no pueden, por su misma naturaleza, quedar subordinadas a la aquiescencia de ningún poder constituido, salvo la competencia estricta y precisa atribuida a la Corte para efectos del control formal”, señala uno de los apartes de la sentencia.

De esta sentencia se deriva que el presidente Santos no podría presentar las objeciones, a pesar que sea jefe de Estado, ya que no puede tomar decisiones que no se encuentren amparadas por la ley.

El jefe de Estado en su alocución este jueves, fue enfático en asumir su responsabilidad por lo que va a hacer, “las objeciones se justifican constitucionalmente por la protuberancia de los vicios detectados en la fase de conciliación, e implican un cuestionamiento serio sobre la real existencia de una voluntad constituyente legítimamente conformada sobre algunos puntos concretos pero muy importantes de la reforma”.

Asimismo, el presidente Santos, agregó que estas objeciones realizadas se ajustan a la ley y a la jurisprudencia, “las cuales prevén que los vacíos de regulación sobre el trámite constituyente en el Congreso deben suplirse con las normas que regulan el procedimiento legislativo ordinario”.

Esta es la primera vez que un jefe de Estado acude a este mecanismo para hacer respetar el ordenamiento jurídico, como lo obliga la propia Constitución. “El Presidente de la República, no puede abstenerse de actuar con contundencia frente a una situación tan crítica como esta”, puntualizó el mandatario.

La polémica continuará mientras el Gobierno no publique las razones que sustentan la decisión en la que se basó para presentar dichas objeciones. En dado caso el Congreso será el encargado de determinar y definir los pasos a seguir. 

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