La Corte Constitucional avaló la reforma constitucional de Sostenibilidad Fiscal, que entre otras cosas permite a la Procuraduría o a los ministros del Gabinete solicitar la modulación, modificación o la disposición de pago por cuotas de las sentencias proferidas por cualquiera de las Altas Cortes.
Esto, según la norma, “sin que en ningún caso se afecte el núcleo esencial de los derechos fundamentales”.
Esta norma fue demandada por considerar que truncaba los alcances de las tutelas (utilizadas para exigir derechos fundamentales) al establecer que los falladores no podrían sentenciar un pago que supuestamente ponga en riesgo la sostenibilidad fiscal del Estado.
La Corte Constitucional declaró exequible el texto tal y como fue aprobado en el Congreso de la República, que señala que la intención es “promover la disciplina fiscal y blindar el manejo de las finanzas públicas en el mediano plazo”.
Igualmente, con esa reforma se buscó “asegurar un nivel sostenible de la deuda pública, permitir un manejo contra-cíclico de la política fiscal y aumentar la confianza y credibilidad en el manejo sostenible de las finanzas públicas”.
Política
Corte Constitucional avala polémica reforma de Sostenibilidad Fiscal
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