La fiscal general de la Nación, Viviane Morales, celebró el fallo de la Corte Constitucional que mantuvo la carrera administrativa para el área de Fiscalías, avalando un concepto del Consejo de Estado, que en una sentencia previa decidió que no se podían vincular a las personas que habían quedado por fuera de la lista de 4 mil elegibles de ese concurso.
“Es un fallo ajustado a los principios de un orden social justo, porque reconoce que el concurso se cumplió y que la lista de legibles llegó a su fin, es decir los cargos que no se presentaron a concurso y que están en provisionalidad, se mantienen en provisionalidad, es una noticia de estabilidad”, aseguró Morales Hoyos.
La fiscal indicó que hay más de 2 mil personas en condición de provisionalidad que se mantendrán en la Fiscalía, pero que se deberán presentar a un nuevo concurso en los próximos seis meses.
Este jueves la Corte Constitucional dio un plazo de dos años a la Fiscalía General de la Nación para que todos sus funcionarios sean nombrados por carrera administrativa. Para esto, la Corporación ordenó que en un plazo de seis meses se convoque los concursos públicos que sean necesarios para ocupar cada uno de los cargos existentes en la entidad.
"Esa decisión tiene como fin que la Fiscalía General de la Nación después de 20 años de la expedición de la Constitución de 1991 cumpla a cabalidad la regla del mérito contenida en el artículo 125 de la misma y ponga fin, de una vez por todas la situación de hecho que vive la entidad", explicó Juan Carlos Henao, presidente de la Corporación.
El magistrado explicó que en un plazo máximo de dos años después de la notificación de la sentencia, la Fiscalía deberá haber terminado los concursos y provisto los respectivos cargos.
El ultimátum de la Corte Constitucional se produjo dentro de un fallo en el que resolvió un lío jurídico ocasionado con un fallo del Consejo de Estado y otro de la Corte Suprema de Justicia, en sentidos distintos, sobre una serie de tutelas presentadas por empleados de la Fiscalía tras un concurso de méritos realizado en esa entidad en 2007.
En ese momento, se produjo un concurso de méritos para llenar 4.600 cargos de carrera pero terminaron siendo ocupados más cargos con personas que quedaron dentro de una lista de elegibles producto de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que señaló que las personas que quedaron dentro de esa lista podrían ocupar otros cargos en la entidad.
El fallo dictaminó que ese registro de elegibles que conformó la Fiscalía tras el concurso de méritos sólo podía utilizarse para proveer los cargos ofertados. No obstante, estimó que las personas que resultaron nombradas fuera de los cuatro mil casos, podrán permanecer en la entidad ya no en carrera administrativa sino en condición de provisionalidad hasta tanto no se asigne ese cargo mediante concurso o bien, que haya una resolución motivada para su desvinculación.
Por otra parte, si padres o madres cabeza de familia, personas que para noviembre de 2008 estaban a 3 años o menos para obtener la pensión y personas en situación de discapacidad salieron de la entidad en ocasión de ese concurso del 2007, estos deberán ser reintegrados de manera inmediata en el evento de existir vacantes en un cargo igual o similar al que desempeñaban en condición de provisionalidad.
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