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Desmontan avisos políticos en el Centro Histórico

El operativo por parte del IPCC se cumplió en varios sectores del centro la ciudad como la avenida Escallón Villa, avenida Venezuela, Calle Larga, calle Panamá, avenida Daniel Lemaitre, calle San Pedro Mártir, calle de la Media Luna y calle del Arsenal.

En la brigada participaron funcionarios de la División de Patrimonio del Instituto, cinco brigadistas de la oficina de Espacio Público y uniformados de la Policía Nacional.

“Estamos dándole cumplimiento a las leyes que regulan el tema de la publicidad visual en el Centro Histórico, porque la publicidad política está terminantemente prohibida y lo peor es que la gente sigue violando las normas de forma reiterada”, enfatizó la directora de Patrimonio, Dora Carmona Barroso.

La instalación de publicidad política viola el artículo 468 del POT, que prohíbe tener avisos transitorios y pasacalles en el Centro, San Diego, Getsemaní y La Matuna.

También está prohibida la colocación e instalación de vallas comerciales o publicitarias en vías, espacios públicos y todos aquellos inmuebles del Centro Histórico, según el artículo 469. De persistir la violación de la norma, la División de Patrimonio abrirá procesos sancionatorios contra los infractores, advirtió Carmona.

El IPCC continuará realizando estos operativos durante la época electoral, anunció un vocero de esta dependencia.



La ley 130 de 1994

El artículo 29 de la Ley 130 de 1994 sobre la ‘propaganda en espacios públicos’, de los partidos y movimientos políticos habla de que  “corresponde a los Alcaldes y los Registradores Municipales regular la forma, característica, lugares y condiciones para la fijación de carteles, pasacalles, afiches y vallas destinadas a difundir propaganda electoral, a fin de garantizar el acceso equitativo de los partidos y movimientos, agrupaciones y candidatos a la utilización de estos medios, en armonía con el derecho de la comunidad a disfrutar del uso del espacio público y a la preservación de la estética. Dice la norma que “también podrán, con los mismos fines, limitar el número de vallas, afiches y elementos publicitarios destinados a difundir propaganda electoral”.

Según esta ley “los Alcaldes señalarán los sitios públicos autorizados para fijar esta clase de propaganda, previa consulta con un comité integrado por representantes de los diferentes partidos, movimientos o grupos políticos que participen en la elección a fin de asegurar una equitativa distribución.

Los partidos, movimientos o grupos políticos, no podrán utilizar bienes privados para desplegar este tipo de propaganda sin autorización del dueño.

El alcalde como primera autoridad de policía podrá exigir a los representantes de los partidos, movimientos y candidatos que hubieren realizado propaganda en espacios públicos no autorizados, que los restablezcan al estado en que se encontraban antes del uso indebido. Igualmente, podrá exigir que se garantice plenamente el cumplimiento de esta obligación antes de conceder las respectivas autorizaciones



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